La Caja de Previsión de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba (Ley 8470) es objeto de una compleja investigación judicial a partir de maniobras que le habrían causado perjuicios multimillonarios poniendo en riesgo los haberes que otorga a sus 21.000 beneficiarios.
La denuncia fue presentada a fines de diciembre del año pasado por el presidente de la entidad, Jorge Angel Santecchia, con el patrocinio letrado de Miguel Ortiz Pellegrini. Describe dos maniobras principales utilizadas para desviar fondos y beneficiar a terceros: moratorias inversas y relevamientos fraudulentos.
El fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, dispuso esta semana la intervención judicial de la Caja luego de imputar a la vicepresidenta Liliana Scaglia y a los vocales Ana Ruzycki y Micolo Noé. Les atribuyó la presunta autoría del delito de defraudación por administración infiel.
También fueron imputados como partícipes necesarios del mismo delito los dirigentes del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (Ciec) Inti Manuel Smith (presidente), Luis Calderón (vicepresidente) y Carmen Rodríguez (secretaria); y del Colegio de Arquitectos, Diego Peralta y Nicolás Luis Paulín.
