El diagnóstico que circula en las principales mesas del establishment fabril dejó de ser una queja de pasillo para transformarse en un documento lapidario. Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), puso sobre la mesa un informe exhaustivo que desnudó la cruda realidad del sector productivo nacional: la Argentina es el país que más castiga con los impuestos a las empresas que operan en la legalidad, ya que le aplica una presión tributaria del 56%. El problema se agravó en relación con el último relevamiento previo a la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada y gran parte de la explicación de la suba de 6 puntos porcentuales responde al crecimiento de la informalidad fabril.
A nivel macroeconómico, la Argentina ocupa el puesto 12° a nivel global en términos de presión fiscal, con un 28% sobre el PBI. Pero para entender el verdadero peso del Estado sobre las fábricas, no basta con mirar la tabla general. Sucede que, cuando se aísla el universo de las empresas industriales que pagan sus impuestos y emplean de manera registrada, y se descuenta el masivo efecto de la informalidad, el país salta sin escalas al primer puesto mundial. Un lugar al que ningún sector de la economía local quiere acceder, a contramano de las ilusiones renovadas en el Mundial de fútbol.
