Cuando Iván Cepeda advirtió este martes que encabezará una “desobediencia civil pacífica” si el presidente electo Abelardo de la Espriella no cumple cuatro condiciones antes de tomar posesión de la jefatura de Estado este 7 de agosto, no hablaba en el vacío. Durante el puente festivo, creció en redes el debate por un video de Viviana Marín, secretaria política de las Juventudes Comunistas en Bogotá, que mostraba cómo un sector de la izquierda se prepara para “hacer invivible este país” al presidente electo. El anuncio del senador no es solo el estreno de su liderazgo como cabeza de la oposición, apenas nueve días después de una estrecha derrota ante el ultraderechista, sino la traducción institucional de un malestar que ya circulaba entre distintos grupos de las bases de la izquierda. Eso le da peso a una amenaza que no es una bravata solitaria, sino la articulación de un movimiento que, en distintos niveles, ensaya una resistencia social al nuevo Gobierno.Las exigencias de Cepeda son precisas: que De la Espriella renuncie a su ciudadanía estadounidense y aclare si ha sido colaborador o miembro de alguna agencia de seguridad de ese país; que respete “plenamente” la seguridad nacional y la soberanía judicial colombianas; que cese “toda persecución” contra el presidente saliente, Gustavo Petro, incluida cualquier intención de extraditarlo; y que detenga lo que el senador llama persecución contra los opositores políticos, especialmente la promoción de su judicialización por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Si estas condiciones de legalidad no se cumplen [...] no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica”, dijo el senador de izquierdas, llamando a sus más de 12,7 millones de electores a “desconocer pacíficamente cualquier orden” del futuro presidente.Cepeda apela a un argumento que puso en circulación un grupo de juristas de alto perfil antes de la segunda vuelta. De la Espriella se naturalizó estadounidense en Florida en febrero de 2023, y señalan que debió hacer un juramento que implica una “obligación de lealtad exclusiva” al orden constitucional de ese país en caso de conflicto con el colombiano. Es un punto que comparte, con matices, el constitucionalista Rodrigo Uprimny, uno de los que más defendió esa tesis durante la campaña. Sin embargo, el abogado se desmarcó este martes de la amenaza del fallido candidato presidencial de la izquierda: “Discrepo de este llamado a la desobediencia civil, que tensiona aún más un contexto político muy difícil”, escribió en X. Y propuso pasar del ultimátum del político a convertir el asunto en el punto de partida de un acuerdo nacional, una reiterada pero gaseosa propuesta de Cepeda, “que necesitamos”. Se trata de una distancia no de diagnóstico, sino de estrategia, significado y temperatura.Esa temperatura es justamente lo que se discute en el país. El senador electo de izquierda Alejandro Ocampo, por ejemplo, respondió con sorna a un usuario que le auguraba represalias: “Pierda cuidado, yo creo que Abelardo de la Espriella va a hacer todo lo posible para desaparecerlo de la política y hasta meterlo a la cárcel si usted no lo acepta como jefe. Tranquis”. El expresidente de derechas Álvaro Uribe, del otro lado, resumió el anuncio del senador que ha sido su némesis judicial con ironía: “Cepeda promoverá desobediencia civil si no me meten a la cárcel”, dijo, en referencia al proceso penal en el que el izquierdista obra de denunciante, por el que el derechista fue condenado en primera instancia y exonerado en segunda, y que está pendiente de casación en la Corte Suprema de Justicia. Entre la defensa cerrada de un lado y la burla del otro, el debate sobre la validez constitucional del argumento —que probablemente seguirá su curso en tribunales y columnas de opinión— corre el riesgo de quedar opacado por la pregunta política de fondo: ¿qué busca Cepeda? La respuesta está relacionada con los anuncios de movilizaciones sociales una vez el ultra asuma la presidencia, como los que han hecho miembros de la llamada primera línea.La columnista y analista de izquierda Sara Tufano ofrece una lectura que se aleja de lo estrictamente jurídico. A su juicio, el argumento llegó “muy tarde en la contienda electoral” para incidir en el resultado, pero cumple ahora otra función: refuerza el relato de que De la Espriella es “un títere de Trump” y alimenta el sentimiento antiimperialista, además de que sirve a Cepeda para “congraciarse con ese sector del petrismo” que le criticó por reconocer la derrota mientras Petro hablaba de fraude. En esa lectura, el senador no está disputándole el liderazgo de la oposición al saliente presidente, sino mostrando que el Pacto Histórico, “más un movimiento que un partido”, no está dividido. Y, de paso, marginando a la exaspirante presidencial Carolina Corcho, ahora senadora electa y quien lidera una corriente más contestataria, más de base y que puede convertirse en una divergencia interna en el partido de unidad.El episodio de Marín, la militante comunista, ya mostró cómo palpita entre ciertos sectores de izquierda la pulsión de salir a la calle. Apartes del video en el que llama a hacer un país invivible para el presidente electo derivaron en una cadena conocida en la era digital: figuras del uribismo —María Fernanda Cabal, el representante David Toledo— difundieron las imágenes, cuentas afines a De la Espriella expusieron datos personales de Marín, las Juventudes Comunistas denunciaron amenazas y hasta el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, opinó en X que ella “no suena como el tipo de persona” que quieren recibir en su país. Marín ha dicho que hizo un llamado a la movilización social, no a la violencia, y coincidió con Cepeda en que la oposición se ejercerá “desde la movilización pacífica”.Colombia ha hecho de la transferencia pacífica del poder casi una marca de fábrica, con pasos del derechista Iván Duque al izquierdista Petro, y ahora de este a la ultraderecha de De la Espriella. Lo que Cepeda puso este martes sobre la mesa no es todavía una ruptura de esa tradición —su desobediencia es, por ahora, una palabra y una condición, no un hecho—, pero sí una prueba de cuánto margen tiene la institucionalidad colombiana para absorber un lenguaje que hasta hace poco era impensable en boca de quien estuvo a un paso de la Presidencia. Falta saber si De la Espriella responderá, con gestos o con desafío, y si la izquierda logrará sostener una sola voz cuando llegue el 7 de agosto y se defina si sale a la calle, con qué mensajes y con qué fuerza y liderazgo.