Es poco el financiamiento disponible para construir minas en todo el mundo, y eso es independiente de cualquier régimen de incentivos que pueda ofrecer un país. Según el informe anual Mine 2026 de PwC, el financiamiento destinado a generar nueva oferta minera en 2024 fue de US$ 55.000 millones en el mundo.Esto representa menos de un octavo de lo que recibió la energía solar, y menos de una décima parte de lo invertido en centros de datos. Sobre ese telón de fondo, el RIGI mejora la posición de la Argentina para competir por ese capital escaso, pero no lo crea ni garantiza que ninguna mina se construya.De acuerdo con el documento, que analiza la evolución de las 40 principales compañías mineras del mundo, existe un tramo crítico en el desarrollo de cualquier proyecto minero. La consultora lo llama el “valle de la muerte” financiero y ahí es donde el proyecto necesita más capital para probar la geología, completar estudios y conseguir permisos, pero todavía no genera flujos de caja contractuales que lo vuelvan atractivo para bancos y fondos institucionales. Solo organismos de financiamiento para el desarrollo y estructuras de financiamiento mixto logran cubrir ese tramo.Esto es clave para entender los límites del RIGI: el régimen puede dar previsibilidad fiscal, cambiaria y aduanera, que son condiciones necesarias para atraer inversores. Pero no resuelve el problema de fondo que describe PwC, que es que a nivel global falta capital para todas las etapas previas a la construcción de una mina, sin importar cuán favorable sea el marco regulatorio del país donde esté el yacimiento.La magnitud del problema lo confirma: de acuerdo con el relevamiento de PwC, el mundo invierte cada año unos US$ 3,3 billones en energía y en las industrias que dependen de ella, desde generación renovable hasta centros de datos, pero la minería, que provee buena parte de los metales sin los cuales esa transición energética no existe, capta apenas una fracción mínima de ese total.La paradoja, dice PwC, es que esas dos industrias, solar y centros de datos, dependen a su vez de que haya suficiente cobre, litio y tierras raras disponibles, pero el capital no fluye hacia el eslabón que las hace posibles.Y la brecha, que la consultora define como estructural, no coyuntural, no se achica: PwC y Oxford Economics proyectan que la inversión en infraestructura minera crecería 39% hacia el año 2050 (hasta unos US$ 128.000 millones), mientras que la inversión en energías renovables subiría 52% en el mismo período.Para que un proyecto minero logre atraer ese capital escaso, PwC sostiene que tiene que cumplir tres condiciones a la vez: un retorno ajustado por riesgo que sea competitivo frente a otros sectores intensivos en capital (en general, el riesgo geológico de una mina y de ejecución es el más alto de todos).Un camino estructurado hacia flujo de caja seguro, algo que hoy no existe de forma estándar para convertir producción futura de cobre o litio en ingresos predecibles que los bancos puedan financiar; y una jurisdicción con perfil favorable de permisos y acceso a procesamiento.El RIGI está pensado para resolver esa tercera condición, la de previsibilidad fiscal, cambiaria y regulatoria, pero no garantiza, por sí solo, que un proyecto termine produciéndose. Las otras dos condiciones dependen del mismo problema de fondo, que es la escasez global de capital de desarrollo minero.Para sortear ese vacío de financiamiento, PwC señala que los desarrolladores recurren cada vez más a estructuras no convencionales: joint ventures con grandes mineras que aportan solidez crediticia, financiamiento por streaming y regalías, y mecanismos respaldados por contratos de venta futura (offtake) o por el propio Estado. Entre los ejemplos que cita el informe aparece, en primer lugar, un proyecto argentino: el joint venture 50 y 50 entre BHP y Lundin Mining para desarrollar Vicuña, en la frontera de San Juan con Chile, donde la solidez financiera de BHP sostiene un proyecto cuya primera de tres fases demanda unos US$ 7.000 millones.