Moquegua amaneció este martes en paro indefinido y la región vecina, Tacna, observa el conflicto con preocupación. El origen es la Ley 11658, impulsada durante el gobierno de Dina Boluarte y aprobada al caballazo por el Congreso el 23 de junio, que sanea límites territoriales en la provincia tacneña de Jorge Basadre. El problema no es la norma en sí misma sino el método con que se aprobó, sin sentar en la misma mesa a las dos regiones que la disputa involucra directamente. La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, lo expresó con palabras que merecen escucharse. El proyecto de ley tiene irregularidades porque nunca se convocó a las autoridades locales, nunca la llamaron a ella para hablar de los límites de su propia región, y nunca se consultó a los pobladores de Torre Alta si querían seguir perteneciendo a Moquegua. Esa ausencia de consulta previa, más que cualquier disputa cartográfica, es la raíz real del malestar que hoy mantiene bloqueada la Panamericana Sur. El costo humano es inmediato. Cientos de pasajeros caminan kilómetros bajo el sol para llegar a sus destinos, el comercio local se resiente y las clases presenciales quedaron suspendidas en varios distritos. Treinta familias del centro poblado de Quebrada Honda quedan en una incertidumbre que ningún mapa resuelve, sin saber a qué municipio pertenecerán ni qué posta médica les atenderá. Ante ello, el antecedente histórico advierte sobre lo que está en juego. El Moqueguazo de 2008 fue un paro masivo que obligó al gobierno de entonces a modificar la fórmula del canon minero, y dejó una lección que ningún Ejecutivo debería olvidar. Ninguna decisión puede tomarse sin la participación de quienes las viven todos los días. La propia gobernadora de Moquegua ya propuso el camino correcto, observar la autógrafa y convocar una mesa de trabajo técnica con representantes de ambas regiones para definir los límites de manera conjunta. El gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, sostiene que la norma no afecta territorio moqueguano, lo que hace más sencillo aceptar esa mesa, si ambas partes confían en sus propios argumentos, no deberían temer un proceso técnico y transparente que los confirme. El presidente José María Balcázar tiene en sus manos, en las últimas semanas de su gobierno de transición, la oportunidad de evitar que este conflicto se traslade sin resolver al gobierno entrante. Observar la ley y abrir ese espacio de diálogo es la forma más responsable de construir una decisión legítima.