NoticiaAutoridades de salud advierten sobre un incremento del 6.1 % en la mortalidad de adultos mayores debido a la crisis financiera del sistema de salud.Con la acción popular, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, busca darle una solución urgente a la crisis de la salud departamental. Foto: ParticularPERIODISTA30.06.2026 08:06 Actualizado: 30.06.2026 08:06
El progresivo deterioro de la atención y las crecientes barreras de acceso a los servicios asistenciales en el departamento, son algunos de los factores que han generado mayor preocupación en la Gobernación del Valle del Cauca.Esta situación, catalogada por la administración departamental como una emergencia humanitaria en salud, la atribuye a la crisis financiera que afrontan las redes hospitalarias públicas y privadas ante la falta de oportunidad en el flujo de capital de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas por el Gobierno Nacional.Hay preocupación por el cierre de algunos servicios por cuenta de la crisis de la salud. Foto:Gobernación del ValleA este panorama le suman la falta de pagos oportunos, que desencadenó demoras prolongadas en citas y desabastecimiento de medicamentos, obligando a la gobernadora Dilian Francisca Toro a interponer una Acción Popular para buscar la protección de los derechos de la ciudadanía.Incremento medible en la tasa de mortalidadUn estudio conjunto desarrollado entre la Gobernación del Valle del Cauca y un doctorado de la Universidad de Oxford identificó de manera preliminar las consecuencias del debilitamiento del sistema médico en los indicadores de supervivencia.María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del departamento, precisó que los datos analizados hasta mayo evidencian un aumento del 6.1 % en la tasa de mortalidad de la población mayor de 70 años. Ante este hallazgo, la funcionaria anunció el inicio de una evaluación coordinada con los comités de urgencias de clínicas y hospitales para estudiar detalladamente las historias clínicas de aquellos pacientes que ingresan en condiciones de máxima gravedad debido a una desatención previa en sus tratamientos.Las deudas de las EPS intervenidas superan los $ 7 billones. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPOIncertidumbre por los tiempos y cierre de serviciosLas dificultades operativas de las instituciones médicas generaron barreras significativas en la atención ambulatoria. Actualmente, los tiempos de espera para acceder a consultas con médicos especialistas oscilan entre los tres meses y un año. Esta acumulación de citas retrasadas ha forzado a los centros hospitalarios a priorizar de manera exclusiva a los usuarios que arriban en estado crítico. LEA TAMBIÉN Para contrarrestar esta coyuntura, la Secretaría de Salud implementa estrategias de desconcentración de servicios.A la fecha, las presiones financieras provocaron el cierre de aproximadamente 2.000 servicios de salud en todo el territorio departamental, lo que conllevó la pérdida de 2.400 empleos directos y un colapso generalizado por sobreocupación en los servicios de urgencias de los centros que aún mantienen su operación regular.La gobernadora Dilian Francisca Toro le pidió al ministro Guillermo Jaramillo, más intervención. Foto:ParticularImpacto financiero de las EPS intervenidasEl origen directo de la insolvencia de la red asistencial radica en una cartera pendiente que supera los 7 billones de pesos, adeudada por EPS bajo intervención estatal como Emssanar, Coosalud y Asmet Salud. La irregularidad en los giros mensuales obligó a la red pública a advertir sobre la posibilidad inminente de suspender la atención programada para los usuarios afiliados a estas aseguradoras, afectando la continuidad de terapias y el suministro de fármacos esenciales.Ante este panorama, la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres hizo un llamado urgente a la Presidencia de la República, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para que intervengan de manera inmediata en el flujo de recursos.Adicionalmente, la mandataria radicó una Acción Popular ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con el fin de defender el derecho colectivo a la salud de más de un millón de usuarios de la región, enfatizando que la acción constitucional busca preservar la vida y la dignidad de los pacientes. Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
