El magistrado Antonio Mazuecos, titular del Tribunal de Instancia de Valverde, ha autorizado el internamiento cautelar de 85 ciudadanos senegaleses llegados esta semana a La Restinga en un cayuco procedente de Gambia. La decisi�n permite a la Polic�a trasladarlos a un Centro de Internamiento de Extranjeros durante el tiempo estrictamente necesario para tramitar su devoluci�n, con un l�mite m�ximo de 60 d�as. Las resoluciones sit�an a 85 personas reci�n llegadas a Canarias ante una privaci�n de libertad administrativa que puede prolongarse durante dos meses, sin que hayan sido condenadas por delito alguno. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha puesto en contacto con EL MUNDO tras la informaci�n publicada por este peri�dico sobre la posible inclusi�n de una menor entre las personas afectadas por las �rdenes de internamiento. El �rgano judicial sostiene que esa informaci�n no se ajusta a lo ocurrido y niega que se haya autorizado el ingreso en un CIE de una joven menor de edad. Seg�n la explicaci�n trasladada por el TSJ, la joven declar� durante su filiaci�n que era menor y fue enviada al Hospital de Valverde para someterse a pruebas de determinaci�n de edad. El resultado de una radiograf�a de la mu�eca izquierda concluy�, siempre seg�n la versi�n judicial, una "edad �sea mayor de 18 a�os por la ausencia de cart�lago de crecimiento y ep�fisis cerradas". La autorizaci�n de internamiento cuenta, seg�n el TSJ, con informe favorable de la Fiscal�a, un informe m�dico escrito y el soporte radiol�gico remitido por el hospital. La joven contin�a en el CATE de San Andr�s mientras siguen abiertas las diligencias, tramitadas por el juez de Valverde, Antonio Mazuecos, y por el magistrado Antonio Doreste. El Tribunal a�ade que todas las personas que plantean dudas sobre su edad son derivadas a una valoraci�n m�dica y que, entre los ocupantes de la misma embarcaci�n, se determin� que dos eran menores. El juzgado no ha facilitado el informe m�dico completo al considerar que forma parte de un expediente judicial. La aclaraci�n judicial no elimina las dudas planteadas por fuentes de El Hierro. Una vecina de la isla que acompa�a habitualmente a personas migrantes asegura que la joven declar� ser menor desde su llegada, que viajaba con un pasaporte y una partida de nacimiento en los que consta 2009 como a�o de nacimiento y que una hermana mantiene la misma versi�n. Este peri�dico no ha podido acceder a esos documentos ni verificar su autenticidad. La joven habr�a declarado adem�s que huy� de Senegal para escapar de un matrimonio forzado y de la violencia de g�nero que sufr�a por parte de su marido. Esa versi�n fue corroborada por una hermana ante una fuente de este peri�dico en El Hierro. No ha sido posible contrastarla directamente con la afectada ni conocer si ese relato fue trasladado a Fiscal�a o incorporado a las diligencias. Mar�a Meil�n, m�dica forense jubilada que trabaj� durante a�os en el Instituto de Medicina Legal de Gran Canaria, sostiene que una radiograf�a de mu�eca no deber�a ser el �nico elemento utilizado para decidir si una persona debe ser tratada como adulta. A su juicio, el protocolo exige un reconocimiento f�sico y personal antes de recurrir a pruebas de maduraci�n �sea o dental. Meil�n diferencia entre el informe de un radi�logo cl�nico y la valoraci�n m�dico-legal que debe realizarse cuando de ella depende un internamiento. El radi�logo describe la imagen y el grado de maduraci�n �sea observado. El forense debe examinar personalmente a la joven, revisar la documentaci�n aportada y valorar el margen de error de la prueba antes de pronunciarse sobre su edad. "El informe de los radi�logos nunca debe sustituir al informe de los forenses", afirma. Sobre algunos procedimientos seguidos con personas migrantes, resume su cr�tica con una frase rotunda: "Es una chapuza". La Ley de Protecci�n Jur�dica del Menor establece que, mientras no pueda acreditarse la mayor�a de edad de una persona, debe ser tratada como menor. Tambi�n obliga a la Fiscal�a a justificar por qu� un pasaporte o documento equivalente no resulta fiable antes de ordenar pruebas m�dicas. El protocolo estatal permite utilizar estudios de maduraci�n �sea, pero exige antes un examen f�sico y personal de la persona evaluada. El informe debe explicar qu� pruebas se realizaron, qui�n las practic�, qu� margen de error presentan y qu� horquilla de edad resulta de la valoraci�n. La norma no exige que ese examen sea firmado necesariamente por un m�dico forense, aunque prev� su intervenci�n para realizar, completar o revisar los dict�menes m�dicos. La certificaci�n difundida por el TSJ, limitada a indicar que la radiograf�a mostr� una "edad �sea mayor de 18 a�os", no permite conocer si el informe completo incorpora una exploraci�n f�sica previa, una horquilla de edad, el margen de error de la prueba, el consentimiento informado o una valoraci�n de la documentaci�n que, seg�n fuentes de El Hierro, llevaba la joven. La Ley de Extranjer�a proh�be el ingreso de menores en un CIE. Si una persona es menor y viaja sola, debe quedar bajo tutela de los servicios de protecci�n. Por eso la declaraci�n de mayor�a de edad resulta determinante en este caso. El protocolo estatal sobre menores extranjeros no acompa�ados establece que los pasaportes y documentos de viaje originales expedidos por autoridades extranjeras son, en principio, suficientes para reconocer la minor�a de edad, salvo que presenten signos de falsificaci�n, alteraciones u otros motivos concretos que hagan dudar de su fiabilidad. Cuando se descarta esa documentaci�n, el expediente debe recoger qu� documentos portaba la persona y qu� circunstancias llevaron a ordenar pruebas m�dicas. El Defensor del Pueblo ya advirti� en 2021 de las deficiencias detectadas en estos procedimientos. La instituci�n record� que la evaluaci�n no puede limitarse al aspecto f�sico, sino que debe tener en cuenta la madurez psicol�gica, realizarse con criterios cient�ficos e imparciales y respetar la dignidad de la persona. Ante una duda razonable, a�adi�, debe aplicarse el beneficio de la duda y tratar a la persona como menor mientras el procedimiento no concluya. La situaci�n de El Hierro a�ade otra inc�gnita. El m�dico forense titular de la isla se jubil� hace unos meses y desde entonces no hay un profesional permanente de medicina legal. Esa ausencia no permite concluir que no haya intervenido un forense en este expediente, pero plantea interrogantes sobre qui�n realiz� la valoraci�n completa, si se practic� un reconocimiento f�sico y qu� facultativo valid� el informe remitido a Fiscal�a. A la controversia sobre la edad de la joven se suma la capacidad real de El Hierro para tramitar, en pocos d�as, decenas de expedientes de internamiento y devoluci�n. Una fuente que conoce la situaci�n de las la segura que el juzgado de Valverde estuvo tres d�as centrado en estas diligencias. Seg�n su relato, el juzgado �nico de la isla ha quedado desbordado por una operaci�n que afecta a 85 personas. "No es que tengan la culpa de nada. Es que aqu� hay un solo juzgado para toda la actividad de la isla y no da abasto", explica. La fuente sostiene que la estructura disponible en El Hierro est� preparada para la primera atenci�n tras una llegada, la asistencia sanitaria, la identificaci�n y la atenci�n a personas vulnerables, pero no para concentrar en tan poco tiempo decenas de comparecencias judiciales vinculadas a internamientos y devoluciones. Tambi�n cuestiona las condiciones en las que se ha prestado la asistencia jur�dica y la traducci�n. Seg�n asegura, parte de las actuaciones se habr�an realizado por v�a telem�tica ante las dificultades para desplazar a abogados de oficio e int�rpretes a la isla y organizar los traslados entre el CATE y el juzgado. Este peri�dico no ha podido comprobar de forma independiente c�mo se desarrollaron todas las asistencias letradas ni si hubo int�rpretes presentes en cada una de las comparecencias. "La log�stica no ayuda, pero el sentido com�n parece que tampoco", afirma. A su juicio, concentrar en El Hierro una tramitaci�n de esta dimensi�n puede abrir problemas adicionales, especialmente cuando entre las personas llegadas hay perfiles vulnerables, mujeres y posibles menores. La fuente recuerda que hubo anteriores internamientos de ciudadanos pakistan�es llegados en cayuco desde Mauritania, tambi�n tras comparecencias celebradas en El Hierro y con posteriores traslados a un CIE. Pero sostiene que el caso actual no tiene comparaci�n por el n�mero de expedientes tramitados de forma simult�nea y por producirse en las primeras semanas de aplicaci�n del nuevo Pacto Europeo de Migraci�n y Asilo. La medida judicial se adopta apenas dos semanas despu�s de la entrada en aplicaci�n del Pacto Europeo de Migraci�n y Asilo, que refuerza los controles en las fronteras exteriores de la Uni�n y sit�a los procedimientos de retorno entre sus prioridades. El auto se dicta al amparo de la Ley de Extranjer�a espa�ola, pero llega en un momento en el que Europa ha situado las devoluciones en el centro de su pol�tica migratoria. Las �rdenes no se dictaron en un �nico auto colectivo. Cada resoluci�n fue notificada de forma individual, con el nombre y el NIE de la persona afectada. Todas repiten la misma f�rmula: "SE AUTORIZA el internamiento cautelar de XXXXXXX (NIE XXXXX) en un centro no penitenciario por el tiempo estrictamente necesario para tramitar la devoluci�n, sin que pueda exceder en ning�n caso de los sesenta d�as. Durante este tiempo, las funciones de control judicial del internamiento previstas en el art�culo 62.6 de la L.O. 4/2000 deber�n entenderse atribuidas de modo provisional a la plaza n�mero 1 del Tribunal de Instancia de Valverde". La autorizaci�n judicial no garantiza que las devoluciones lleguen a ejecutarse. Interior deber� confirmar la identidad y nacionalidad de cada persona ante las autoridades senegalesas y obtener los salvoconductos necesarios para que puedan ser embarcadas en un vuelo de retorno. Sin esa documentaci�n, la devoluci�n no puede llevarse a cabo. Mientras tanto, las 85 personas permanecer�n privadas de libertad en un CIE, y ya salieron de El Hierro.