Begoña Gómez ha pedido al juez Juan Carlos Peinado, que decidió este junio enviarla al banquillo por cuatro delitos y retirarle el pasaporte, un primer permiso para viajar al extranjero. Este lunes, la esposa de Pedro Sánchez remitió un escrito al magistrado para que le deje salir de España entre el 7 y el 10 de julio: primero a Turquía, a una cumbre de la OTAN; y después a Reino Unido, donde se gradúa su hija. Su defensa, ejercida por el exministro socialista Antonio Camacho, explica que, de autorizarse, el vuelo de ida se hará en avión oficial; y el de vuelta, en avión comercial. Y siempre, según añade, Gómez se moverá con “el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno”, integrado por funcionarios de la Policía Nacional.El auto del magistrado causó una gran polémica porque alegaba que los policías que escoltan y supervisan la seguridad de Gómez pueden ayudarla en su fuga: “No cabe duda de que esos agentes, en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitarla”, afirmaba. “Pero además de lo anterior, y especialmente trascendente, es que la condición de actual presidente del Gobierno de su esposo es algo efímero y, por tanto, transitorio. Y esa protección o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría aún más esa hipotética fuga”, remataba. Los principales sindicatos policiales salieron en tromba contra el juez y calificaron de “barbaridad” y “ofensa” lo que sugería en su escrito. El sindicato Jupol pidió una rectificación a Peinado porque su afirmación “carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska presentó su “más enérgica queja” ante la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque consideraba que “es un hecho de la máxima gravedad que, en la justificación de la adopción de las mencionadas medidas cautelares, se contengan afirmaciones que atentan gravemente contra la integridad de la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. El CGPJ se reunió entonces de urgencia y acordó dejar en manos de la acción disciplinaria la decisión de abrir expediente al juez. Los vocales adoptaron la decisión con el voto de calidad de la presidenta Isabel Perelló.