El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha expresado este lunes su respaldo a la creación de la Ley Alejandro, una norma inspirada en el caso de Alejandro Águila, el niño de 12 años que fue asesinado el pasado martes en el municipio de San Bernardo, al sur de Santiago, tras un intento de robo con el método de la encerrona. El mandatario también ha anunciado que convocará a una reunión con la familia de Alejandro y de otras víctimas menores que han muerto en manos de “asesinos juveniles”. La reacción de Kast llega en momentos en el que la discusión pública se ha centrado en la posibilidad de modificar la ley de responsabilidad penal adolescente, para así juzgar a un grupo etario más amplio de menores de edad que sean imputados por delitos violentos. La Ley Alejandro fue propuesta por la propia familia de la víctima de San Bernardo, que ha llamado a las autoridades a endurecer las sanciones para que los participantes de este tipo de asaltos violentos, que se realizan en grupo, cumplan con penas efectivas de cárcel sin atenuantes que les permitan rebajar las condenas. “Creemos que es necesario revisar la ley de responsabilidad penal adolescente, porque hoy no entrega respuesta justa frente a delitos de esta gravedad”, ha dicho Fabio Águila, el padre de Alejandro, en una rueda de prensa el pasado sábado.El presidente Kast ha sido consultado sobre el posible apoyo del Gobierno a esta iniciativa y se ha mostrado disponible a respaldarla. “Tenemos que abordarlo de manera integral. Hemos estado conversando con los distintos parlamentarios que han presentado iniciativas legales”, ha dicho el mandatario en una entrevista a radio Polar.El jefe de Estado también ha dicho que pretende concretar una reunión con las familias de niños y adolescentes que han sido víctimas de delitos cometidos por menores de edad, en un encuentro que se concretaría después de su gira por Paraguay y Uruguay, que comienza este lunes. “Queremos reunirnos con las familias de Alejandro y de los distintos jóvenes que han fallecido a manos de asesinos juveniles para ver cómo enfrentar esto”, ha dicho.Kast ha recordado que desde su segunda candidatura presidencial, en 2021, había manifestado su inquietud sobre el aumento de los crímenes cometidos por adolescentes. “Lamentablemente, no habíamos tenido hasta ahora conciencia total en el Parlamento de que vamos a una legislación que enfrente esta nueva situación, que a todos nos tiene golpeados”, ha dicho. El mandatario ha enfatizado su preocupación en que los adolescentes “sean instrumentalizados por el crimen organizado y sean herramientas del delito”.La visión del presidente ha sido reforzada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, que ha apoyado la revisión de las normas sobre responsabilidad juvenil. “Nosotros como Gobierno ya lo habíamos hablado en semanas anteriores, antes de que esto ocurriera. Creemos que hay que hacer mejoras a la responsabilidad penal, ya sea la edad, la forma o las reincidencias (...) el sistema hoy día no está dando buena respuesta y por eso hay proyectos que están en trámite que nos parecen adecuados y que habría que empujar, quizás con algunas leves mejoras y sí creemos que hay espacio para discutir nuevas iniciativas”, ha dicho Arrau.El debate por la responsabilidad adolescenteEl tratamiento de los delitos cometidos por menores de edad ha sido un tema complejo de abordar para las autoridades. Leonardo Tapia, el fiscal que está a cargo de investigar el crimen contra Alejandro —que tiene a dos detenidos de 17 años—, ha dicho a EL PAÍS que Chile ha tenido dificultades para enfrentar los casos protagonizados por jóvenes infractores de la ley. “Existe un problema bastante grande en el tratamiento que le estamos dando, ya sea respecto de aquellos adolescentes reiterativos en este tipo de conductas y de su contaminación criminológica. Hay una crisis valórica relevante y una educacional respecto de ellos, y de tener normas adecuadas para aquellos que son reiterativos, para que tengan sanciones efectivas y no una ida y salida del sistema procesal penal”, ha expresado.La posibilidad de juzgar como adultos a los jóvenes ha ganado respaldo entre la ciudadanía, al menos en los resultados de la encuesta Cadem difundida este domingo. De acuerdo al sondeo, un 76% de los consultados ha señalado que los adolescentes de entre 14 y 17 años que cometen delitos graves como homicidios, secuestros o violaciones deben enfrentar a la justicia como mayores de edad, y un 21% ha afirmado que “deberían ser juzgados como adolescentes bajo un régimen especial”. En otras respuestas, un 36% se ha mostrado a bajar la edad mínima de responsabilidad penal a 12 años; un 42% cree que la edad mínima para ser juzgado como adulto son los 14 años; un 62% respalda la creación de una cárcel especial para adolescentes; y un 51% ha dicho que la responsabilidad principal sobre los adolescentes que cometen delitos graves recae sobre sus familias.