La oficina del sheriff más grande de Arizona está perdiendo terreno en sus esfuerzos por cumplir con las reformas ordenadas por un tribunal, derivadas de una prolongada demanda y un acuerdo por discriminación racial, según concluyó el monitor designado por la corte.
Una investigación iniciada el año pasado por el equipo del monitor y publicada este mes señala un “patrón preocupante” de violaciones a las políticas del departamento y a las órdenes judiciales que socavaron los esfuerzos para investigar conductas indebidas y erradicar la elaboración de perfiles raciales en la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa. Los hallazgos hacen eco de acusaciones formuladas hace una década que derivaron en cargos por desacato contra líderes de la oficina del sheriff.
La investigación del monitor se produce después de un análisis de Arizona Luminaria y ProPublica que encontró disparidades raciales persistentes en las detenciones de tránsito realizadas por la oficina del sheriff, las cuales continúan obstaculizando el cumplimiento de las órdenes judiciales. En esta ocasión, las acusaciones se centran en la Oficina de Normas Profesionales (Professional Standards Bureau), encargada de investigar los reportes de conducta indebida.
