La salida de Manual Adorni de la Jefatura de Gabinete cerró un vertiginoso ciclo de sospechas patrimoniales y quiebres institucionales, precipitando su renuncia indeclinable este sábado 27 de junio, a horas del tercer encuentro de la selección nacional contra su par jordano en el Mundial 2026. Tras cuatro meses de asedio judicial y político, el detonante final de su dimisión estuvo directamente ligado al avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos comandada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, luego de que las declaraciones juradas del funcionario expusieran un incremento patrimonial superior al 500% desde su ingreso al Estado, alcanzando un global declarado cercano a los 945 millones de pesos.
Las pericias judiciales, impulsadas por informes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAFI), pusieron bajo la lupa operaciones con criptoactivos en Binance y Lemon Cash, inconsistencias en la compra de una lujosa propiedad en el barrio cerrado Indio Cuá, y la llamativa adquisición de tecnología "gamer" de última generación —incluyendo monitores Samsung Odyssey y proyectores Epson por casi 6 millones de pesos— financiada a través de Mercado Libre con las tarjetas de crédito corporativas de dos empleados subalternos de su propia vocería.
