La minería ilegal en Crucitas transformó a esta zona rural del norte de Costa Rica en un foco de conflicto ambiental y de seguridad.La minería ilegal en Crucitas transformó a esta zona rural del norte de Costa Rica en un foco de conflicto ambiental y de seguridad. En un área de 30 km², la extracción de oro afecta a unas 15 comunidades, mientras la Sala Constitucional ordenó en marzo de 2026 medidas urgentes para proteger la salud, el ambiente y el acceso al agua en este golpeado territorio.Las autoridades costarricenses calificaron la situación en Crucitas como una “emergencia nacional”. La actividad provocó deforestación, contaminación de fuentes acuáticas con mercurio y la proliferación de campamentos irregulares, en un contexto que favorece la violencia y otros delitos.PUBLICIDADAlgunos sectores proponen reforzar la prohibición minera; otros plantean formalizar una “minería responsable”, y otros impulsan alternativas de desarrollo no minero.Crucitas está en el distrito de Cutris, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela, cerca de la frontera con Nicaragua. La riqueza aurífera y su ubicación en corredores biológicos la convirtieron en un punto de interés para actores legales e ilegales.El área forma parte del Corredor Biológico San Juan La Selva, de la Reserva de Biosfera Agua Paz y del Corredor Binacional El Castillo San Juan La Selva. Allí, múltiples especies dependen de la conectividad ecológica.La región también está reconocida como una de las “áreas importantes para la conservación de aves” por BirdLife, por su relevancia para aves migratorias y mamíferos de gran tamaño. La degradación del hábitat por la minería amenaza la biodiversidad y fragmenta corredores biológicos.PUBLICIDADUn pozo de lodo y agua turbia, revestido con lonas de colores, se observa en un área de extracción artesanal de oro en la selva de Crucitas, Costa Rica, rodeado de vegetación densa y tierra removida.El conflicto se agravó tras la anulación judicial del proyecto de minería industrial de la empresa canadiense Industrias Infinito y la prohibición legal de la minería metálica a cielo abierto en 2010. Ese vacío fue aprovechado por coligalleros (extractores irregulares de oro) y redes criminales, que intensificaron la extracción y el tráfico de oro hacia Nicaragua.Estudios oficiales calculan que en los cerros de Crucitas habría unas 64 toneladas de oro, valuadas en los años noventa en unos USD 2,500 millones y que, con la cotización actual, podrían alcanzar los USD 10,000 millones. La degradación del hábitat por la minería amenaza la biodiversidad y fragmenta corredores biológicos.