La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 15 años de cárcel para las cúpulas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional de la etapa de Mariano Rajoy por su presunta implicación en el caso Kitchen. Así lo ha anunciado el ministerio público este lunes, durante una nueva sesión del juicio que sienta en el banquillo, entre otros, al exministro Jorge Fernández Díaz; a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; y a Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo. La acusación sostiene que los tres impulsaron una trama ilegal en 2013 para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el objetivo de robarle documentos comprometedores que aún podía guardar de altos cargos del PP y del propio partido conservador, cercado entonces por el caso Gürtel.La vista oral sobre la Operación Kitchen, que se celebra en la Audiencia Nacional desde abril, se encuentra inmersa en su recta final. Este lunes han declarado los tres procesados que faltaban por hacerlo (el comisario José Luis Olivera y los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano). Después, las acusaciones y las defensas han comunicado al tribunal si mantienen o modifican sus peticiones de pena y absolución. Entre otros cambios, se ha avanzado que se retira la acusación contra Fuentes Gago y Díez Sevillano, contra los que no actuaba el ministerio público.En este punto, Anticorrupción no se ha movido en lo sustancial. El fiscal César de Rivas ha anunciado que su solicitud de penas sigue igual. Reclama 15 años de cárcel para Jorge Fernández Díaz; Francisco Martínez; Eugenio Pino; y el comisario Andrés Gómez Gordo. Para el comisario José Manuel Villarejo, que participó en la captación del chófer de Luis Bárcenas como confidente, pide 19 años de prisión. Para Sergio Ríos, exconductor del extesorero, casi 12 años y medio de reclusión; y para el comisario Marcelino Martín Blas, otros dos años y seis meses.El juicio, que acumula ya 31 sesiones, se ha reanudado este lunes con las declaraciones de los inspectores jefe Fuentes Gago y Díez Sevillano, para quienes la Fiscalía Anticorrupción no reclamaba penas de cárcel (sí lo hacían la Abogacía del Estado y las acusaciones populares y particulares, pero estas han retirado sus pretensiones tras sus interrogatorios). A preguntas de sus abogados, ambos han negado que participaran en Kitchen. “No tuve conocimiento de ninguna operación”, ha contestado Fuentes Gago, antes de incidir en que “jamás” oyó hablar de la captación como confidente del chófer de Bárcenas: “Al señor Sergio Ríos no lo había visto nunca”. “Jamás ha oído nada de eso. No he escuchado, ni al director adjunto ni a los compañeros, hablar de eso”, ha apostillado Díez Sevillano. El comisario Olivera ha mantenido una línea de defensa similar. Este ex alto cargo policial, que estuvo al mando de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante al arranque del caso Gürtel, ha rechazado ante el tribunal que conociese la puesta en marcha o el desarrollo de la Operación Kitchen. “Me enteré por la prensa”, ha repetido, antes de negar que presionase al inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del sumario que acorralaba al PP, o que tratase de apartarlo de las pesquisas. La Fiscalía no imputa ningún delito a Olivera, pero sí la Abogacía del Estado y otras acusaciones por tratar de boicotear el caso Gürtel.De hecho, durante su declaración como testigo, Manuel Morocho señaló a Olivera por un presunto intento de soborno. El inspector jefe relató que el comisario le citó en una cafetería para hacerle “una proposición”. Según apuntó, le ofreció un puesto en Lisboa y, ante su negativa, le planteó un cargo en la embajada que quisiera. Durante ese encuentro, según añadió, el alto mando recibió una llamada que, según le dijo, era del ministro Fernández Díaz porque estaba “interesado” en su porvenir. Olivera, que sí ha admitido que se vieron para charlar en ese local, ha negado este lunes esa escena: “El señor Morocho se ha pasado ahí un pueblo. ¡Cómo el señor ministro me va a llamar a mí! Yo no tenía el teléfono del ministro. No sé porqué llegó a esa conclusión. La que sí me llamó fue mi señora”, ha zanjado el acusado.“No sé de dónde viene ese rencor”, ha remachado Olivera, que ha cargado así contra Morocho, su antiguo subordinado en la UDEF: “Nunca le he hecho nada malo. Pero me llegaron rumores de que, cuando no le concedieron una medalla pensionada en 2014, él entendió que yo era el culpable”. La vista oral continuará este martes. Una vez finalizados los interrogatorios de los procesados, el juicio seguirá con los alegatos finales de las acusaciones y defensas. Todas las partes deberán exponer sus conclusiones. Cuando acaben, los imputados podrán ejercer su derecho a la última palabra.