Santos Cerdán da la batalla. No solo ha negado públicamente cualquier intervención en una operación orientada a desestabilizar las distintas causas judiciales que cercan a miembros del Gobierno o al entorno del presidente Pedro Sánchez, sino que, además, se niega a que este asunto de las cloacas se investigue en la Audiencia Nacional. Por eso, ha recurrido la competencia para que sea la Sala de lo Penal la que decida quién debe investigar el entramado que mantiene imputada también a la exmilitante socialista Leire Díez. El que fuera secretario de Organización del PSOE defiende que él ni siquiera aparecía en la denuncia inicial de la Fiscalía Anticorrupción y que se está “forzado” la interpretación competencial para que el caso no siga en el juzgado inicial. En un recurso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el letrado Benet Salellas impugna la decisión del juez Santiago Pedraz de pedirle al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, el llamado caso Leire. Este enredo jurídico comienza en junio del pasado año, cuando Zamarriego abrió una investigación contra Leire Díez, el empresario Javier Pérez-Dolset y un periodista, a los que acusa de delitos de cohecho y tráfico de influencias. El magistrado sostiene que Díez encabezó una serie de actividades ilegales, con reuniones con imputados o fiscales, destinadas a buscar información de los responsables de la lucha contra la corrupción (como el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón o el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas). Cerdán declaró en esta causa, pero únicamente como testigo. Paralelamente a esa instrucción, la Fiscalía Anticorrupción interpuso el pasado 9 de diciembre de 2025 una denuncia en la Audiencia Nacional, ante el juez Pedraz, por otro entramado (malversación, tráfico de influencias y organización criminal) relacionado con ayudas y rescates fraudulentos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y pagos de comisiones irregulares a través de la empresa Servinabar u otra llamada Mediaciones Martínez. En este marco fueron detenidos Joseba Antxon Alonso (administrador de Servinabar), Vicente Fernández (expresidente de la SEPI) y Díez. En esta denuncia inicial no aparecía Cerdán. Tras el clonado de los teléfonos de los arrestados, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó un informe en esa investigación sobre asuntos de la SEPI con indicios de las supuestas maniobras de Díez para torpedear las causas judiciales que afectan al Gobierno. Cerdán ya no era percibido como un testigo, sino que el Instituto Armado lo colocaba en la cúspide de la organización para desbaratar la reputación de fiscales y jueces. Fue entonces cuando Pedraz le pidió a su colega en el Juzgado que le entregara la causa que llevaba desde hacía tiempo porque ambas colisionaban y dos jueces no pueden investigar lo mismo. Para el instructor de la Audiencia Nacional la competencia es suya porque se trata de una organización criminal con ramificaciones en todos los territorios, pero Cerdán argumenta que no es así. “El objeto original de las presentes diligencias de investigación nada tenía que ver con actividad alguna política o comunicativa relativa a los casos judiciales que incumbían a personas cercanas al PSOE”, reza su escrito. Explica que cuando la Fiscalía Anticorrupción interpuso esa denuncia contra 17 personas no se mencionaba a Cerdán y que para incluirlo se advirtió como una “nueva acción delictiva” cuando, en realidad, esto ya se estaba investigando por el juez Zamarriego en los juzgados de plaza de Castilla. Desde su punto de vista, la naturaleza de lo que se estaba investigando en la Audiencia Nacional tenía que ver con unos delitos económicos relativos al enriquecimiento ilícito de distintas mercantiles ocurrido principalmente en el año 2021, mientras que ahora se pretende unir un caso de obstrucción a la justicia con unos hechos que, en realidad, sucedieron en 2024. “Se puede concluir rápidamente que la Policía Judicial, primero, y el órgano instructor después ha forzado la alteración del objeto de la presente instrucción con la finalidad de absorber la causa que estaba siendo investigada” por un juzgado de Madrid. No hay motivos, dicen, que justifique que este procedimiento no pueda ser “autónomo” y no pueda seguir investigándose en un juzgado ordinario. Este recurso va en línea con el que ya presentó la propia Díez de manera que ahora será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que tenga que resolver qué ocurre.