No es una casualidad la aprobación apresurada y a trompicones de una nueva ley de impunidad que, bajo el pretexto de 'reforzar a la Policía y a las Fuerzas Armadas', permite que, bajo la denominación de delito de función, se incluyan posibles violaciones de derechos humanos camufladas bajo las acciones de policías y militares en el cumplimiento de sus funciones tradicionales, así como de 'otras que se les asignen en el marco de un estado de emergencia'. Por ejemplo, la muerte de jóvenes como Truko, que marchan y ejercen su derecho a la protesta, o lo sucedido en la Comisaría de Manchay, que terminó con la muerte de un adolescente, tendrían que pasar al referido fuero. Además, la norma pretende marcarle la pauta a la Corte Suprema al establecer que esta deberá resolver las posibles cuestiones de competencia, prefiriendo siempre la jurisdicción militar policial. Se ha tratado de desviar la discusión diciendo que siempre ha existido el fuero militar policial en el Perú, cuando eso no es lo central: lo cuestionable e inconstitucional es que se pretenda que dicho fuero tenga una competencia que no le corresponde para atentar contra los derechos humanos y el acceso a la justicia, considerando el espíritu de cuerpo que impedirá una investigación imparcial. El presidente Balcázar tiene la oportunidad de observar dicha norma y dejar alguna huella positiva de su breve mandato. El Poder Judicial tiene la obligación de inaplicar una norma que va contra la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado, honrando sus funciones pese a las represalias que jueces y juezas decentes vienen enfrentando. Tengamos siempre presente que, mientras algunos pasarán a la historia dejando un honroso legado de defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, otros serán recordados por extender la alfombra roja de la impunidad, la que cubre los principios y valores que alguna vez dijeron tener, para que sobre ella camine con tacón alto una nueva era de arbitrariedad e injusticia.