La salud mental implica un asunto de la economía: en una encuesta reciente de la UBA el 83% de los argentinos entrevistados respondió que sus finanzas personales tienen mucha o bastante incidencia en su bienestar psicológico. Año a año el análisis registra un deterioro: en 2025, el 12% manifestó que había experimentado una pérdida del sentido de la vida, mientras que en 2026 este número se elevó al 15%. La angustia aumentó del 31% al 42% y la ansiedad del 39% al 46%.
El presupuesto nacional destinado a atender estas problemáticas, sin embargo, bajó: en la primera mitad del año el Ministerio de Salud ejecutó $ 2,7 millones para las acciones de Apoyo y Promoción de la Salud Mental: unos $ 450 mil mensuales en promedio, menos que una jubilación mínima ($ 470 mil con bono incluido) para la única actividad dependiente de esa cartera orientada a la aplicación de la ley vigente (26.657). En la actual gestión estos recursos pasaron de los $ 699 millones (2023) a los $ 48 millones actuales.
Esta partida, describe un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), financia la capacitación y cooperación técnica con equipos de salud y autoridades locales, la implementación de intervenciones comunitarias, el seguimiento de la adecuación de instituciones monovalentes, la promoción de externaciones sustentables y el fortalecimiento de la red de dispositivos intermedios (casas de medio camino, viviendas asistidas, talleres de inclusión sociolaboral, entre otros).
