Cuando un pescador de Puerto López, Meta, iba de camino a iniciar su jornada, escuchó unos gritos de auxilio. Era el pasado miércoles. Acudió al llamado y encontró a cinco personas, pertenecientes a una misma familia, atadas y con graves heridas. Entre ellas había una menor de 14 años y una mujer de 72 años. Llevaban más de siete horas amarrados luego de que seis hombres y una mujer irrumpieran en su vivienda de forma violenta y los torturaran. El mensaje era claro: abandonar un predio al que llegaron hace dos meses. Lo habían hecho junto a 50 familias más, gracias a la política de restitución de tierras del Gobierno. No es el único caso en el que beneficiarios de esas entregas han sido amenazados. “Perdieron lo poco que habían conseguido estos meses”, cuenta el hermano de dos de las víctimas, justo antes de salir de nuevo al hospital a visitar a su hermana, sobrina y mamá, que siguen bajo atención médica; algunas de ellas tendrán que ser remitidas a centros médicos de mayor complejidad. “De milagro no los mataron. Da mucha rabia e impotencia porque tampoco sabemos qué va a pasar con ellos ni adónde irán. Pienso en mi sobrina, en por qué tenía que vivir algo así”, insiste el hombre.Él, junto a su hermana, hace parte de la Asociación Regional de Víctimas del Conflicto Social y Población Desmovilizada para la Producción Agropecuaria. Una organización de campesinos víctimas del conflicto y que recibieron 1.500 hectáreas el pasado 28 de mayo de manos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La institución hizo la entrega en el marco del cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016, en su punto de reforma rural integral que, además, ha sido una de las grandes banderas del saliente gobierno de Gustavo Petro, quien prometió formalizar 1,5 millones de hectáreas de tierra. Las víctimas indican que sus agresores les acusaron de robarse las tierras conocidas como finca La Primavera, en la vereda Naria. Alegaban que su dueño era alguien a quien se referían como “Salomón”. Cuentan que los golpearon con armas blancas y de fuego y quemaron sus pertenencias, incluidas dos motocicletas que resultaron destruidas. “Quedaron [la familia] peor de cómo estaban antes de llegar a esas tierras”, sostuvo el familiar, que pidió reserva de su identidad, sobre las siete víctimas. Él, como su hermana, esperaba ser beneficiario de restitución gracias a otras entregas que están en trámite. Ahora tiene miedo. Amenazas a nivel nacionalEste viernes, la ANT condenó los hechos ocurridos en Puerto López, en un comunicado en el que aseguró que tiene registro de otros hechos similares en otras zonas de Colombia. Uno de los más recientes ocurrió hace cuatro días en la zona rural de la ciudad de Tuluá, en el Valle del Cauca, a unos 350 kilómetros al oeste de lo ocurrido en Puerto López. Se trata de la finca La Floresta, donde alrededor de 100 familias del Consejo Comunitario Sabaletas, asentadas hace tres meses allí, recibieron amenazas por parte de hombres armados que les amedrentaron e intentaron quemar varias motocicletas. Una situación similar le había ocurrido a una comunidad indígena vecina en el corregimiento de San José, donde los armados quemaron algunas viviendas. Ambas comunidades recibieron predios adjudicados por la ANT. Hace un año, en la Hacienda La Palmira, en Córdoba, los campesinos beneficiarios recibieron amenazas directas de muerte.Hasta ahora, las autoridades judiciales o de policía no se han pronunciado públicamente sobre ninguno de los casos. La Defensoría del Pueblo cuenta a EL PAÍS que su equipo regional en el Meta ha venido acompañando de cerca a las víctimas de Puerto López. Por su parte, la ANT hizo un “llamado de máxima urgencia a la Fiscalía General de la Nación, a la fuerza pública y al Ministerio Público para que adelanten de forma inmediata las investigaciones penales correspondientes”.