Ciudad de México / 27.06.2026 00:21:19
México atraviesa uno de los momentos más relevantes para la atracción de inversión de las últimas décadas. La relocalización de cadenas productivas, el fortalecimiento de las relaciones comerciales en Norteamérica y la búsqueda de nuevos destinos para el capital han colocado al país en una posición privilegiada. Sin embargo, existe un factor que suele recibir menos atención que la infraestructura, la mano de obra o los incentivos económicos: la certeza jurídica. Su importancia es aún mayor en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la inversión extranjera directa global cayó 11 por ciento en 2024, afectada por las tensiones geopolíticas, la fragmentación comercial y la volatilidad económica. En un entorno donde el capital es cada vez más selectivo, los países que ofrezcan reglas claras y mecanismos eficaces para resolver controversias contarán con una ventaja competitiva significativa. En un contexto local, México se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar esta reconfiguración económica. Según datos de la Secretaría de Economía, el país captó 36 mil 872 millones de dólares en inversión extranjera directa durante 2024, la cifra más alta desde que existen registros. Además, cerca del 78 por ciento de esos recursos correspondieron a reinversión de utilidades, una señal de confianza de las empresas que ya operan en el país. Preservar y ampliar esa confianza dependerá, en gran medida, de la capacidad de México para ofrecer certidumbre regulatoria y mecanismos eficaces de resolución de controversias. En la competencia global por atraer capital, la certeza jurídica se ha convertido en una ventaja tan relevante como la infraestructura o la ubicación geográfica. Toda decisión de inversión implica riesgos. Lo que los inversionistas buscan no es la ausencia de estos, sino la existencia de mecanismos confiables que permitan resolver controversias de manera eficiente, imparcial y predecible. En este contexto, el arbitraje internacional se ha consolidado como una de las herramientas más relevantes para generar confianza en los mercados. No obstante, el sistema arbitral enfrenta retos hoy en día. Los procedimientos son cada vez más complejos, extensos y costosos si no son adecuadamente conducidos. Lo que originalmente fue concebido como una alternativa ágil a los tribunales judiciales tradicionales ha evolucionado hacia procesos que, en algunos casos -mal conducidos pueden prolongarse injustificadamente durante años. Esta realidad obliga a reflexionar sobre la necesidad de replantear el sistema sin sacrificar las garantías que lo han convertido en un referente global para la solución de controversias.El debate resulta particularmente relevante en materia de arbitraje de inversión. Durante años ha prevalecido la percepción de que estos mecanismos favorecen sistemáticamente a las empresas frente a los Estados. Sin embargo, la evidencia demuestra una realidad más matizada. Las estadísticas más recientes del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI o ICSID en inglés) muestran que 60 por ciento de los arbitrajes resueltos por tribunales en 2025 concluyeron sin indemnización para los inversionistas, ya sea por falta de jurisdicción, ausencia de responsabilidad estatal o insuficiencia de pruebas sobre los daños reclamados. Lejos de ser una herramienta unilateral, el arbitraje funciona como un mecanismo de equilibrio entre la protección de las inversiones y el derecho soberano de los Estados a regular. El verdadero desafío consiste en encontrar un punto medio entre dos intereses igualmente legítimos. Por un lado, los Estados deben conservar la capacidad de adaptar sus políticas públicas y marcos regulatorios para responder a las necesidades de desarrollo económico y social. Por otro lado, los inversionistas requieren certidumbre frente a cambios arbitrarios o actos que vulneren sus derechos. La fortaleza del arbitraje radica precisamente en servir como puente entre ambas necesidades. Sin ese balance, la certeza jurídica que exige el nearshoring seguirá siendo una promesa pendiente. Para las empresas, esta discusión también transforma el papel de los abogados internos. Hoy el área jurídica ya no participa únicamente cuando surge una controversia. Su función se ha ampliado hacia la identificación temprana de riesgos, la construcción de estrategias preventivas, la gestión de relaciones regulatorias y la evaluación constante del impacto que los cambios normativos pueden tener sobre la operación y las inversiones. En otras palabras, el arbitraje ha dejado de ser un asunto exclusivo de litigantes para convertirse en una herramienta de gestión corporativa. Entender sus implicaciones, alcances y tendencias ya no es opcional para quienes toman decisiones de negocio. Así, desde el principio en que se estructura una inversión, los inversionistas pueden considerar el tratado que proteja los intereses de un determinado país. Si México aspira a consolidarse como uno de los principales destinos de inversión del mundo, deberá fortalecer no solo su competitividad económica, sino también la confianza en sus mecanismos de resolución de controversias. La certeza jurídica no es un complemento del desarrollo; es una de sus condiciones esenciales. Aquí el arbitraje se presenta como una alternativa que puede responder a las exigencias de una economía global cada vez más dinámica, sin perder la confianza que durante décadas ha permitido proteger inversiones, resolver disputas complejas y contribuir a la estabilidad de los mercados.
