La propuesta es de las que generan titulares por sí solas: 50 euros para entrar en Venecia. El proyecto de ampliar la actual tasa de acceso, hoy de 5 o 10 euros y aplicable solo en determinados días, está todavía muy lejos de convertirse en realidad, pero el debate ya se ha disparado. También porque quien la ha lanzado es el nuevo alcalde de la ciudad lagunar, Simone Venturini.Actualmente, la tasa introducida en 2024, al amparo de una ley estatal, la pagan —o deberían pagarla— quienes visitan la ciudad solo durante el día. El coste es de 10 euros para quienes la abonan en los cuatro días previos a la llegada y de 5 euros para quienes la reservan con más antelación. La lista de exenciones es larga: no pagan quienes se alojan en hoteles (ya abonan la tasa turística), quienes llegan por motivos de trabajo, los menores de 14 años, quienes visitan a familiares o amigos y todos los residentes de la región del Véneto. Este año, durante los primeros 42 días de aplicación de la medida, de un total de 60, se emitieron más billetes de 10 euros (unos 268.000) que de 5 euros (unos 245.000). Quien no paga la tasa se expone a una multa de entre 50 y 300 euros. En 2024, primer año de la fase experimental, no se impuso ninguna sanción. En 2025 las multas fueron limitadas, mientras que este año el Ayuntamiento asegura haber reforzado los controles. En 2025 la medida generó unos ingresos de 5,4 millones de euros, con más de 720.000 visitantes de pago durante cuatro meses. En 2024, primer año de la prueba y con casi la mitad de jornadas activas, los visitantes de pago habían sido 485.000.La oposición la considera una simple fórmula para recaudar dinero sin fijar un límite al número de visitantesEl alcalde explica a La Vanguardia que el objetivo es reforzar el efecto disuasorio del ticket en los días de máxima afluencia. “El turismo de un solo día seguirá creciendo en las próximas décadas y necesitamos instrumentos más eficaces para gestionar esos flujos”, afirma. Venturini recuerda además que los ingresos se destinan a financiar servicios públicos y a sufragar parte de los elevados costes de mantenimiento de una ciudad construida sobre el agua.Para introducir un incremento de esta magnitud sería necesaria una modificación de la normativa estatal que regula actualmente la tasa de acceso, un paso que por ahora no parece estar sobre la mesa. Venturini fue recibido el pasado lunes por Giorgia Meloni en el Palacio Chigi, pero según fuentes del Gobierno el asunto del ticket no habría sido abordado de forma concreta y, en cualquier caso, no se habría tomado ninguna decisión al respecto.Gianluca Caramanna, histórico dirigente de Hermanos de Italia y una de las voces más escuchadas por Meloni en materia turística, se muestra prudente, pero no cierra la puerta: “Tradicionalmente somos contrarios a introducir más impuestos turísticos, pero Venecia merece una reflexión aparte. El ticket es una herramienta que, modulando su precio, podría favorecer la desestacionalización, desincentivando la presencia de excursionistas en los días de mayor afluencia”.Ese escenario sigue siendo lejano y muchos de los pocos residentes que aún resisten entre las masas de turistas observan el debate con cierta indiferencia. Sin embargo, el enfrentamiento político es intenso. El líder de la oposición municipal, Andrea Martella, derrotado recientemente en las elecciones debido al peso electoral de Mestre, la ciudad de tierra firme que concentra la mayoría de la población del municipio. También lo hace su compañero de partido Nicola Pellicani: “El ticket no funciona para gestionar los flujos y ni siquiera ha servido para recaudar, porque los costes de gestión son equivalentes a los ingresos”.El más duro es Marco Gasparinetti, concejal de la oposición: “Mientras no se establezca un número máximo de accesos, esta medida seguirá siendo una gabela medieval”. El problema, sostiene, está también en los horarios. “La tasa solo se paga hasta las 16.30 horas y, por tanto, no afecta al turismo de borrachera”, explica en referencia a las tradicionales tabernas venecianas. “Es la prueba de que quienes deciden realmente son los hoteleros y los propietarios de bares y restaurantes”. Según Gasparinetti existe además una cuestión jurídica de fondo: “El Ayuntamiento evita imponer multas porque si alguien recurriera ante el Constitucional podría demostrarse que esta tasa es ilegal. No se puede cobrar a la gente sin ofrecer a cambio servicios, como el transporte público —los famosos vaporetos van siempre abarrotados— o unos baños públicos suficientes”.