En mayo de 2020, desde las páginas de elDiario.es, al tiempo que comparecíamos ante la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, planteábamos la importancia de que España creara una Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). Habíamos salido de la primera ola de la pandemia de COVID-19 y quedaba muy claro que teníamos que fortalecer un sistema de vigilancia integrado, con protocolos de emergencia predefinidos, con capacidad de modelización predictiva a través de un organismo técnico que enlazara de la mejor manera posible con el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y con la OMS. Y que teníamos que dar respuesta a muchas otras cuestiones de salud publica insuficientemente desarrolladas, entre ellas el análisis y desarrollo de políticas sobre inequidades en salud y la evaluación de la efectividad del sistema sanitario.
La pandemia había dejado al descubierto la necesidad de fortalecer la infraestructura y los programas de salud pública y de generar un mecanismo funcional de cogobernanza suficientemente ágil e independiente.
A principios de 2025, cuando se llevó al Congreso de los Diputados la primera iniciativa de ley para la creación de la AESAP hubo que lamentar un voto desfavorable que retrasó la aprobación de la ley definitiva y ralentizó un proceso que debería haber evolucionado con más celeridad ya que se trataba, de facto, de una cristalización de una política de Estado que ya había sido acordada desde el 2020. En marzo de 2025 ya nos referimos a este asunto en una tribuna publicada en eldiario.es en la que señalábamos que el Partido Popular y Junts per-Catalunya habían unido sus votos al oscurantismo de Vox para rechazar el proyecto de Ley de creación de la AESAP en el pleno del Congreso de los Diputados y que con esta decisión habían dado un golpe bajo a la salud pública en España perjudicando al conjunto de la sociedad española
