En toda república el poder no puede ser absoluto ni irresponsable. Desde Alexander Hamilton en El Federalista hasta la doctrina constitucional contemporánea, el juicio político ha sido concebido como el instrumento mediante el cual la legislatura exige cuentas a quienes ejercen funciones públicas, protegiendo a la sociedad del abuso del poder. Chile enfrenta hoy la oportunidad de perfeccionar su mecanismo de acusación constitucional para que esté a la altura de un Estado de Derecho democrático.
En 1748, Montesquieu consagró en El espíritu de las leyes uno de los pilares del Estado de Derecho moderno: la separación de los poderes y la noción de frenos y contrapesos. Esa separación no implica mera división formal de funciones, sino una independencia recíproca sostenida en el control mutuo entre órganos estatales. Un mecanismo mediante el cual la Cámara de Diputados fiscaliza a los ministros de Estado y magistrados de los tribunales superiores de justicia, mientras el Senado resuelve sobre la culpabilidad del acusado. Sin ese equilibrio, la separación de poderes se convertiría en letra muerta.
Los números hablan por sí solos. Once libelos presentados contra autoridades del segundo gobierno de Sebastián Piñera y nueve durante el mandato de Gabriel Boric. Esa inflación de acusaciones constitucionales no refleja un ejercicio robusto del control político, sino su degradación. Cuando una herramienta de ultima ratio se convierte en munición de la disputa cotidiana, pierde precisamente lo que la hace valiosa.
