Los generales de la Guardia Civil Rafael Yuste y Alfonso López Malo, ambos antiguos jefes de la Unidad Central Operativa (UCO), han puesto en un nuevo aprieto político a la directora general del instituto armado, Mercedes González. En sus declaraciones como testigos este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ―que instruye la causa sobre las maniobras de la trama presuntamente liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para torpedear investigaciones que afectaban al Gobierno―, ambos altos mandos han desmentido a González, quien la semana pasada aseguró en el Senado que les había informado de los encuentros que había mantenido con Díez en una reunión con ellos en mayo del año pasado. Los dos generales han coincidido en afirmar que esto no es cierto y que la directora no les dijo nada de las reuniones con la presunta cabecilla de la trama. Fuentes del entorno de González han insistido a este diario en que ella mantiene la versión que dio en la Cámara alta.Aquel encuentro, sobre cuyo desarrollo discrepan los generales con la directora, se celebró en el despacho oficial de esta el 29 de mayo de 2025, tres días después de que saliera a la luz el vídeo en el que la exmilitante socialista y el empresario Javier Pérez Dolset, ambos imputados en esta causa, intentaban convencer a un investigado para que les facilitara información comprometedora sobre mandos de la UCO. A la reunión, además de Yuste, López Malo y González, asistieron el teniente coronel Antonio Balas, responsable de las pesquisas y principal objetivo de la trama; y el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. La directora afirmó la semana pasada en el Senado que aprovechó el encuentro para informarles de que conocía a Díez y que se había visto con ella en los meses anteriores. Los dos generales han insistido este viernes en que aquel encuentro solo sirvió para que González mostrara su apoyo a Balas ante las amenazas que contra él se vertían en el vídeo. También han detallado que al día siguiente hubo un encuentro similar con el mismo fin con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ya no acudió el teniente coronel.Ante el juez Pedraz, los dos altos mandos han coincidido en mostrar su convencimiento de que González sabía desde al menos un mes antes de aquel encuentro que había una campaña de desprestigio contra la UCO supuestamente orquestada por la trama de Díez. Sobre estas maniobras, tanto el Servicio de Información como la propia unidad habían redactado sendas notas de despacho ―documento interno de la Guardia Civil en el que los agentes comunican a sus superiores hechos que consideren relevantes― fechadas el 29 de abril y el 6 de mayo de 2025, en las que se alertaba de la existencia de maniobras para desprestigiar las investigaciones de la unidad y al máximo responsable de las mismas, el teniente coronel Balas. En ambos documentos también se recogía que los presuntos implicados aseguraban tener contactos con González. El DAO fue el que, han añadido los dos generales, les comentó que la directora estaba al tanto de esas maniobras porque él le había entregado las dos notas que hablaban de la trama y en la que se la citaba.La comparecencia en la Audiencia Nacional de los dos generales también ha servido para que ratifiquen las declaraciones que prestaron el 27 de mayo ante los investigadores de la UCO y en las que aseguraron que en el verano de 2024 recibieron instrucciones para que esta unidad se pusiera “de perfil” y no fuera “proactiva” en las causas “que tuvieran afectación política”. Según han recordado, estas directrices las recibieron durante una reunión con el entonces director general, Leonardo Marcos, y han aclarado que las entendieron como indicaciones genéricas y no referidas a un único partido, el PSOE, aunque en aquel momento la UCO instruía las principales causas que ya afectaban al Gobierno y al entorno familiar de Pedro Sánchez. Según el relato coincidente de ambos, Marcos se reunió con ellos el 12 de julio de 2024 para mostrarles su enfado porque la unidad había propuesto a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que instruía el caso del hermano de Pedro Sánchez, recabar los correos electrónicos de varias cuentas de la diputación pacense para investigar las supuestas irregularidades en la colocación en esta institución del familiar del presidente. Y han añadido que el entonces director de la Guardia Civil les reclamó que el informe estuviera terminado en una semana “y que no haya nada”, cosa que finalmente no ocurrió. David Sánchez fue juzgado hace unas semanas y un informe de la UCO se ha convertido en la pieza angular sobre la que las acusaciones han pedido seis años de cárcel para él. Aún no hay sentencia.Otros dos altos mandosEste viernes también han declarado en la Audiencia Nacional como testigos otros dos generales del instituto armado, Antonio Cortés, jefe del Servicio de Armas y Explosivos, y Leonardo Sánchez Peláez, jefe del Estado Mayor. Ambos participaron en la instrucción de sendas informaciones reservadas ―investigaciones internas, que pueden derivar en la apertura de expedientes disciplinarios― abiertas a la UCO por la aparición en medios de comunicación de datos de las pesquisas que llevaba la unidad y con las que presuntamente se intentaba condicionar a la misma. A Cortés, el general Yuste le atribuyó en su declaración haberle comentado respecto a una de ellas que el DAO estaba recibiendo “presiones políticas”.Ante el juez Pedraz, el general Cortés ha asegurado que no recordaba haber usado esa expresión en la reunión que mantuvo con el entonces jefe de la UCO. También ha insistido en que la investigación interna que él iba a instruir por la filtración de mensajes de José Luis Ábalos nunca se llegó a materializar porque el magistrado Leopoldo Puente, instructor en el Tribunal Supremo de la causa contra el exministro socialista por la que este acaba de ser condenado a 24 años y tres meses de prisión, consideró que no era oportuna. Cortés también ha restado importancia al número de informaciones reservadas que se abrieron entonces a la UCO ―tres en nueve meses―. En este sentido, ha afirmado que él ha participado en más y que, incluso, él ha sido objeto de alguna. “No se hacen todos los días, pero no es algo inhabitual”, ha añadido.Por último, el general Sánchez Peláez ha recordado que él fue quien recomendó que la primera información reservada ―abierta en diciembre de 2024 tras filtrarse a la prensa la dirección de correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente, al incluirse en un documento remitido a la jueza de Badajoz que instruía la causa sobre David Sánchez― se saldará con una amonestación verbal al agente que había introducido ese dato en la documentación, en lugar de imponer una sanción disciplinaria. Sobre la de septiembre de 2025, abierta a raíz de una noticia de El Mundo sobre supuestas tensiones en la UCO “por la constante intromisión del peón de Marlaska” en referencia al teniente general Llamas, Sánchez Peláez ha asegurado que, tras interrogar a varios responsables de la unidad y negar estos haber hablado con la periodista que firmaba la información, decidió cerrarla sin más consecuencias.