NoticiaLa entidad pide al concejal retractarse por sus declaraciones y solicita a la Fiscalía investigar si estas constituyen posibles hechos delictivos.Defensoría desplegó 1.700 funcionarios en el país durante la jornada de elecciones Foto: Archivo26.06.2026 10:37 Actualizado: 26.06.2026 10:37
La Defensoría del Pueblo rechazó las declaraciones del concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como 'El Guri', quien durante una intervención en el Concejo de Medellín pidió “bombardear” territorios del país debido a los resultados electorales obtenidos allí por la candidatura presidencial de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.La entidad sostuvo que los discursos que promueven violencia contra territorios y comunidades por sus decisiones políticas “son incompatibles con la democracia” y anunció dos acciones: solicitó al cabildante retractarse de sus afirmaciones y remitió una petición a la Fiscalía General de la Nación para que investigue los posibles hechos delictivos en los que hubiera podido incurrir con esas declaraciones.Defensoría desplegó 1.700 funcionarios en el país durante la jornada de elecciones Foto:ArchivoSegún la Defensoría, las afirmaciones del concejal parten del supuesto de que la amplia votación obtenida por esa fuerza política en determinados territorios sería evidencia de constreñimiento por parte de grupos armados.Sin embargo, el organismo advirtió que ninguna diferencia política, ideológica o electoral puede justificar llamados a acciones dirigidas contra comunidades enteras ni la estigmatización de poblaciones por la forma en que ejercieron su derecho al voto."Ninguna diferencia política, ideológica o electoral puede justificar llamados a acciones dirigidas a comunidades enteras ni la estigmatización de poblaciones por la forma en que ejercieron su derecho al voto. Señalar territorios como objetivos militares por sus decisiones democráticas constituye un discurso incompatible con el Estado Social y Democrático de Derecho, desconoce la dignidad humana y pone en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de millones de colombianos y colombianas", dijo la entidad.En su pronunciamiento, la Defensoría recordó que la Constitución Política protege el pluralismo, la participación política y la libertad de conciencia como pilares de la democracia. Agregó que los artículos 1, 2, 13, 20 y 40 establecen el deber de las autoridades de garantizar la convivencia pacífica, la igualdad, la participación y el respeto por quienes piensan diferente, mientras que el artículo 95 consagra el deber de respetar los derechos de los demás.Asimismo, indicó que quienes ejercen funciones públicas tienen un “poder-deber de información y comunicación cualificado”, por lo que sus pronunciamientos deben cumplir estándares reforzados de veracidad, diligencia, responsabilidad, imparcialidad y respeto por los derechos humanos.Votaciones en Medellín Foto:Jaiver Nieto ÁlvarezLa Defensoría sostuvo que esos deberes impiden que una autoridad pública utilice su cargo para estigmatizar poblaciones, asociar decisiones electorales con criminalidad o promover acciones violentas contra territorios y comunidades.En ese sentido, afirmó que las expresiones conocidas públicamente podrían configurar conductas graves, incluso delictivas, cuya valoración corresponde a las autoridades competentes. Entre ellas mencionó posibles actos de instigación a delinquir, amenazas colectivas, hostigamiento o conductas relacionadas con discriminación y violencia política.El organismo también advirtió que el fuero derivado del ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio, perfilamiento territorial o incitación a ataques contra la población civil.Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
