Efe MadridActualizado Viernes,
junio
15:34El juez de la Audiencia Nacional Jos� Luis Calama ha ofrecido a Hacienda, a trav�s de la Abogac�a del Estado, personarse en la pieza separada en la que se investigan las joyas halladas en la oficina del expresidente del Gobierno Jos� Luis Rodr�guez Zapatero y valoradas en 1,3 millones de euros.En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez realiza el ofrecimiento de acciones a la Agencia Tributaria como "potencial perjudicada" por los hechos investigados relativos a un posible delito contra la Hacienda P�blica y delito de contrabando.Dice el juez que la naturaleza de los hechos investigados "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gesti�n corresponde a la AEAT", lo que la legitima, a su juicio, para "ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".Cuando la pasada semana Zapatero declar� ante el juez, el ex l�der socialista declin� dar en aquel momento explicaciones sobre las casi 80 joyas que la Polic�a Nacional encontr� en una caja fuerte en un registro en su oficina, en la madrile�a calle de Ferraz, un asunto sobre el que dijo que hablar� en una semana o diez d�as, cuando solicite una nueva declaraci�n al respecto.Previamente, el abogado del ex presidente hab�a intentado sin �xito posponer esta parte de la declaraci�n al alegar que hab�a tenido poco tiempo para prepararla desde que la hist�rica joyer�a Ansorena tasase la semana previa las joyas en 1,3 millones de euros.Una solicitud que rechaz� de plano el juez Jos� Luis Calama al considerar que el hallazgo de las joyas se produjo el pasado 19 de mayo, y que hab�a tenido suficiente tiempo para preparar su defensa.Tras recibir el informe de tasaci�n, el juez imput� a Zapatero un delito fiscal y otro de contrabando ante el origen a�n no justificado de las joyas."Difusi�n de datos personales"Por otro lado, la defensa de Zapatero ha pedido al juez que ordene a la Unidad de Delincuencia Econ�mica y Fiscal (Udef) que "limite su investigaci�n exclusivamente a los hechos concretos" delimitados en el auto de 18 de mayo, puesto que su vida "no puede ser sometida al escrutinio y conveniencia" de la unidad policial.En un escrito, el letrado del ex presidente pide al juez de la Audiencia Nacional Jos� Luis Calama que adopte medidas "para evitar la difusi�n indiscriminada de datos personales" del ex dirigente tras el �ltimo informe policial, fechado el pasado 22 de junio, que conten�a las agendas �ntegras y conversaciones de WhatsApp de Rodr�guez Zapatero.Seg�n la defensa, "por el hecho de ser investigado, un ciudadano no pierde sus derechos ni los poderes p�blicos, que est�n ordenados a la protecci�n de las personas, asumen facultades para, sin coto ni l�mite, allanar su intimidad y su vida privada, eliminar su derecho al secreto de las comunicaciones y arrasar con su derecho a la protecci�n de datos personales"."Exactamente eso ha ocurrido con Rodr�guez Zapatero", asegura el letrado, que se�ala que los medios disponen no solo del �ltimo informe de la (Udef) sino tambi�n de todos los anexos, es decir de "la totalidad de las agendas y de comunicaciones personales (a trav�s de WhatsApp) que contienen datos, noticias y actividad estrictamente personal y de todo punto ajena a la causa".Es por ello que solicita al juez que ordene a la polic�a judicial que "limite su investigaci�n exclusivamente a los hechos concretos" que fueron delimitados en el auto de 18 de mayo, "con prohibici�n expresa de servirse de la informaci�n masivamente obtenida" de su representado o de terceros para investigar cualquier actividad personal o profesional del expresidente del Gobierno."La vida de Rodr�guez Zapatero -prosigue- no puede ser sometida al escrutinio de la unidad policial, a su propio criterio y conveniencia, sin justificaci�n alguna, sin autorizaci�n judicial otorgada a medio de una resoluci�n motivada que aprecie la existencia de indicios de criminalidad sobre unos concretos hechos".En particular solicita devolver a la Udef el �ltimo informe que sostiene que Rodr�guez Zapatero particip� en una "din�mica de intermediaci�n e influencias" con autoridades de Bolivia "orientadas a beneficiar los intereses" del grupo empresarial peruano Gloria, "mediando una contraprestaci�n econ�mica de 200.000 euros" entre 2024 y 2025.La defensa pide la devoluci�n al tratarse "de hechos ajenos a los aqu� investigados y haber sido analizados como resultado de una investigaci�n prospectiva y no autorizada".
