El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el jueves una ley de Hawai que obligaba a obtener un permiso a quien quisiera portar un arma oculta en propiedades privadas abiertas al público general, como supermercados, cafeterías o gasolineras. Se trata de la última sentencia de la máxima instancia judicial del país en favor de los defensores de la Segunda Enmienda, después de que en el 2022 los nueve jueces del tribunal relajaran las restricciones a los ciudadanos para obtener armas.La votación se dividió, como viene siendo habitual, por líneas ideológicas: los seis jueces conservadores aprovecharon su mayoría para tumbar la ley, mientras que las tres progresistas disintieron. El magistrado Samuel Alito escribió, en la opinión de la mayoría, que la ley de Hawai violaba “el derecho constitucional a poseer y portar armas”, pues obstaculizaba lo protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución: “El derecho de los estadounidenses a portar armas para su autodefensa en su vida cotidiana”.El Supremo decidirá próximamente sobre la orden ejecutiva con la que Trump eliminó el derecho a la ciudadanía por nacimientoEn su disenso, la juez Ketanji Brown Jackson afirmó que ese derecho puede ser protegido igualmente por los distintos estados, como Hawai, a la vez que se protege a las demás personas “exigiendo a quienes deseen portar armas en propiedades privadas que obtengan el consentimiento expreso del propietario antes de hacerlo”. En un duro escrito, acusó a la mayoría de querer “proteger las armas, no preservar de manera coherente ningún principio jurídico”.El Supremo se encuentra en las últimas semanas de su actual curso, momento en el que suele aprovechar para emitir los fallos más importantes. A la espera de la sentencia sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento (protegido por la Decimocuarta Enmienda), que trató de eliminar Trump mediante orden ejecutiva pero fue bloqueada por tribunales inferiores, el Supremo emitió el jueves otros dos fallos relacionados con la inmigración.En una importante victoria para la Administración Trump, y también con una votación de 6 a 3, los magistrados despejaron el camino para su eliminación de las protecciones humanitarias temporales que han permitido hasta ahora a cientos de miles de inmigrantes haitianos y sirios permanecer en EE.UU. mientras las condiciones en sus países de origen sigan siendo consideradas demasiado peligrosas.El tribunal retira las protecciones humanitarias a cientos de miles de haitianos y sirios, y permite restringir el asiloTrump eliminó sus permisos legales de residencia al comienzo de su mandato, pero la medida fue bloqueada por numerosos tribunales. Tras esta sentencia del Supremo, pasarán a estar expuestos a las deportaciones por parte de la polémica policía migratoria, compuesta principalmente por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.Es probable que esta decisión tenga repercusiones más allá de las dos comunidades a las que afecta directamente, los inmigrantes provenientes de Haití y Siria. Aproximadamente, 1,3 millones de personas de 17 países residen en EE.UU. gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). El año pasado, el Supremo ya permitió a la administración revocar ese estatus a miles de venezolanos.El otro fallo sobre inmigración emitido el jueves también fue resuelto por las mencionadas líneas ideológicas. El Supremo, en el que tres jueces de la mayoría conservadora fueron nombrados por Trump durante su primer mandato, determinó que los inmigrantes que llegan a la frontera sur del país, desde México, no tienen derecho a solicitar asilo hasta que crucen al territorio estadounidense.Lee tambiénEsto significa que los agentes fronterizos pueden detenerlos justo en la frontera, antes de que tengan incluso la posibilidad de solicitar un asilo que, generalmente, se debe a que huyen de la violencia o de la persecución política. La progresista Sonia Sotomayor leyó desde el estrado su voto disidente, un movimiento simbólico y poco habitual, que los jueces solo se reservan para cuando están en profundo desacuerdo con la resolución.“Más personas morirán”, afirmó Sotomayor. “Más personas intentarán cruzar la frontera ilegalmente, y algunas lo conseguirán mientras que otras no. Más personas se verán obligadas a caminar a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México en condiciones peligrosas, intentando encontrar un puerto que las inspeccione”, recordó. “Más personas darán media vuelta y quedarán expuestas a la violencia por algo que no pueden o no deberían tener que cambiar de sí mismas, como su raza, religión, nacionalidad u opinión política”.