Por José Navarrete26 JUNIO 2026El Ministerio Público presentó acusación en contra de ocho personas investigadas por delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterado. Entre los acusados por el delito de fraude al Fisco se encuentra el actual senador Miguel Ángel Calisto.Calisto es independiente e integra la bancada de Evópoli en la Cámara Alta y su voto es considerado clave ante el equilibrio existente entre las fuerzas del oficialismo y la oposición en el Senado. En el proyecto que levanta el secreto bancario, un abogado le recomendó inhabilitarse. En la megarreforma del gobierno dio su voto a favor de la idea de legislar. Y ha manifestado su discrepancia con las acusaciones constitucionales, lo que podría incidir en la votación del juicio político al exministro Nicolás Grau. La indagatoria del caso contra el actual senador ha sido desarrollada por la Fiscalía Local de Coyhaique en conjunto con la Policía de Investigaciones. “La prueba ofrecida por el Ministerio Público considera numerosa prueba documental, testigos y prueba pericial la que, a juicio de la Fiscalía, permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados en esta causa”, aseguró el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky. El persecutor precisó que respecto de los principales imputados, entre los que se encuentra Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo, además del senador Calisto, el Ministerio Público acusó por delitos que tienen asignadas penas de crimen. “Ello, atendido el elevado monto de lo defraudado al Fisco de Chile, que supera los 100 millones de pesos, así como el carácter de reiterado de los delitos por los cuales fueron acusados”, explicó el fiscal regional.“Un esquema sistemático de defraudación”La Fiscalía sostiene que entre 2018 y 2022, el entonces diputado se concertó con Cárcamo y Graf, para obtener recursos a través de un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso Nacional, originando una pérdida de $103.664.697.Libedinsky sostuvo que los antecedentes recabados durante el curso de la investigación “dan cuenta de un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos consistente en servicios contratados y rendidos ante el Estado meramente ficticios”."Carla Graf nunca realizó asesorías parlamentarias reales para el señor Calisto Águila, siendo sus contratos un mero mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales”, afirmó.El persecutor penal agregó que dichos caudales públicos, que corresponden a honorarios pagados por el Congreso a Graf Toledo, fueron transferidos, entre otros, al entonces diputado Calisto y a Roland Cárcamo Catalán, siendo utilizados para su provecho y beneficio personal. “En otras palabras, se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora”, sostuvo el fiscal regional.El exdiputado asumió en la Cámara Alta el 11 de marzo y la investigación en su contra se inició antes de que resultara electo como representante de Aysén en el Senado.