El 9 de febrero de 2011, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), en el marco de la exposición 'Desaparecidos', el profesor de la universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Necesidad que, entre otras respuestas, continúa exigiendo de los jueces una actitud más seria y rigurosa ante las víctimas de la dictadura, especialmente las víctimas inocentes e indefensas de los Consejos de Guerra. Y que asuman definitivamente el alcance y consecuencias de la insurrección militar de 1936 y la posterior dictadura. Una vez más procede tener presentes las palabras del insigne jurista, fiscal general de la República y magistrado del Tribunal Supremo Francisco Javier Elola Díaz-Varela en el procedimiento sumarísimo 8/1939 de la Auditoria de Guerra de Barcelona. Por su fidelidad a la República fue condenado por rebelión militar a pena de muerte y fusilado en el Camp de la Bota el 12 de mayo de 1939. Decía así: “Surge la rebelión por el alzamiento colectivo en armas contra un poder legalmente constituido”.
El detenido examen de cuarenta y siete Resoluciones de la Sala de lo Militar del TS -prácticamente el 95% de las dictadas- sobre los recursos planteados por los familiares de las victimas mortales de la dictadura revela la complicidad, ¿solo objetiva?, de los magistrados de dicho Tribunal con la dictadura.
