NoticiaEstos contratos involucran distribuidores del Caribe y a grandes empresas que dependen del gas para su operación.Canacol Energy Foto: Canacol EnergyPERIODISTA ECONÓMICA25.06.2026 15:43 Actualizado: 25.06.2026 15:43
La Corte de Alberta (Canadá) aprobó la solicitud de Canacol Energy para avanzar en la cancelación de 19 contratos de suministro de gas natural que mantiene con diversas empresas en Colombia.En esencia, esta medida es un movimiento de supervivencia porque la compañía simplemente ya no cuenta con el gas natural necesario para honrar sus compromisos.Sin embargo, la decisión genera graves inconvenientes a las 12 empresas involucradas, entre las que se encuentran distribuidores regionales que atienden la demanda de hogares, así como industrias que requieren el gas natural para sus procesos industriales. LEA TAMBIÉN Foto:Canacol EnergyLas empresas afectadas son: Gases de La Guajira Gases del OrienteCerro MatosoSurtigasEnel ColombiaGases del CaribePetromil GasAtinkanaGrupo Energético de las AméricasGas HubPromigásCanaven LEA TAMBIÉN Foto:iStockAlerta por riesgo de inviabilidad en Cerro MatosoUna de las compañías más golpeadas por la decisión de la Corte de Alberta es la multinacional minera Cerro Matoso. La empresa advirtió que su operación podría tornarse inviable ante la falta de un suministro confiable de gas natural, en caso de que Canacol Energy materialice la terminación unilateral del contrato vigente.Actualmente, Canacol Energy abastece el 82 por ciento del gas natural que requiere la planta para operar. No obstante, en las últimas semanas la productora ha recortado unilateralmente las entregas contempladas e impuesto restricciones al flujo del combustible.Para Cerro Matoso, este recurso es un insumo irreemplazable en el proceso productivo de ferroníquel, por lo que un desabastecimiento obligaría a un cese total de actividades. La parálisis forzaría el apagado de equipos críticos y, en especial, de sus dos hornos industriales, lo que provocaría daños estructurales irreversibles. LEA TAMBIÉN Operaciones de Cerro Matoso Foto:Cerro MatosoLa reconstrucción de estos activos tardaría más de 10 meses de inactividad y acarrearía costos estimados de entre 550.000 millones y 730.000 millones de pesos por cada horno.Frente al fallo de primera instancia emitido en Canadá, la compañía dispone de un plazo de 21 días para interponer un recurso de apelación ante un tribunal de segunda instancia en ese país, buscando que se revoque la decisión del juez.No obstante, el pulso principal se trasladará al escenario local. En Colombia, la Superintendencia de Sociedades es la autoridad competente para evaluar si el dictamen de la justicia canadiense es vinculante o no en el territorio nacional. Dicho análisis deberá sopesar principios de soberanía nacional, seguridad energética y el respeto al orden público económico colombiano. LEA TAMBIÉN Operaciones de Cerro Matoso Foto:Cerro MatosoImpacto social y fiscal en CórdobaEl impacto socioeconómico de un eventual cierre de operaciones de Cerro Matoso es mayúsculo. La estabilidad de más de 2.000 trabajadores directos e indirectos quedaría en vilo, afectando colateralmente a cerca de 50.000 personas de 25 comunidades vecinas en el departamento de Córdoba, zonas donde la minera destinó más de 10.600 millones de pesos en inversión social durante 2025.En el frente fiscal, las finanzas públicas estatales sufrirían un golpe inmediato: el país dejaría de percibir cerca de 3.000 millones de pesos diarios por concepto de impuestos, regalías y compras de bienes y servicios.Más allá de los activos industriales, la decisión de Canacol Energy amenaza con desatar un efecto dominó sobre el mercado regulado de la Costa Atlántica. Al verse interrumpidos los contratos de suministro y transporte con los distribuidores, diversas poblaciones de la región Caribe podrían enfrentar incrementos sustanciales en las tarifas del servicio público de gas. LEA TAMBIÉN Foto:iStockAnte este crítico panorama, Cerro Matoso elevó un llamado urgente a las superintendencias de Sociedades y de Servicios Públicos Domiciliarios, al Ministerio de Minas y Energía y al Gobierno Nacional. La compañía solicita una intervención inmediata para salvaguardar el marco jurídico del país, blindar los derechos de los terceros afectados y garantizar la continuidad de una industria con 44 años de trayectoria en el desarrollo económico del país. Sigue toda la información de Economía en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
