El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha respaldado la política aprobada por la Administración de Donald Trump de no permitir la solicitud de asilo a los migrantes que llegan a la frontera con México. Los seis jueces conservadores —Samuel Alito, John Roberts, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett— votaron a favor de no permitir la entrada de los migrantes en el caso Mullin contra Al Otro Lado. Las magistradas Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor emitieron votos disidentes.Con este fallo, los funcionarios fronterizos podrán rechazar a los migrantes antes de que crucen físicamente la frontera desde México hacia Estados Unidos, impidiéndoles así solicitar asilo. “En el lenguaje cotidiano, nadie diría que una persona ‘llega a’ un lugar —por ejemplo, una casa, una ciudad o un país— antes de entrar en él", escribió el magistrado Samuel Alito.El Tribunal del Noveno Circuito determinó que las personas que no son ciudadanas estadounidenses y que fueron rechazadas antes de poder ingresar al país habían “llegado a” Estados Unidos a efectos de la legislación federal de inmigración y, por tanto, podían solicitar asilo, una afirmación que el Alto Tribunal ha dejado sin efecto.“La interpretación ilógica del Tribunal se basa casi exclusivamente en la obsesión por una sola palabra: ‘in’ (en)“, escribió Sotomayor. “Sin embargo, las palabras deben interpretarse en su contexto y prestando atención a cómo encajan en el conjunto de la ley”. “La mayoría ignora que los términos ‘arrival’ (llegada) y ‘arriving’ (llegar), en el contexto de la inmigración, nunca se han centrado en la ubicación exacta de los pies de una persona no ciudadana", abundó.El asilo es una forma de protección legal disponible para las personas que huyen de la persecución en sus países de origen. Según la legislación estadounidense, toda persona que solicite asilo y “llegue” a Estados Unidos tiene derecho a tramitar dicha solicitud y, por lo general, no puede ser expulsada del país hasta que se procese su petición.Los migrantes rechazados por el sistema de control de flujo (conocido como metering) técnicamente nunca abandonan el lado mexicano de la frontera; por ello, el Gobierno sostiene que no reúnen los requisitos para solicitar protección legal en Estados Unidos. La cuestión radica en determinar si los no ciudadanos deben cruzar la frontera por completo para adquirir el derecho a solicitar asilo, o si se les debe permitir presentar la solicitud con el simple hecho de llegar a la frontera y solicitar la entrada.La demanda sobre la que el Supremo se ha pronunciado fue presentada originalmente en 2017 por el grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes Al Otro Lado y 13 solicitantes de asilo, después de que el presidente Barack Obama comenzara en noviembre de 2016 a aplicar el sistema de restricción de flujo, particularmente en el área de San Diego, por la llegada masiva de migrantes. Los tribunales inferiores bloquearon la política alegando que infringía la ley federal al denegar el asilo a personas que, de otro modo, habrían cumplido los requisitos para obtenerlo si se les hubiera permitido poner literalmente un pie al otro lado de la frontera.Durante la Administración de Joe Biden se interrumpió la práctica, pero Trump la recuperó como parte de su campaña contra la migración.El primer día de su segundo mandato, Trump, que calificó de “invasión” la llegada de migrantes a la frontera, prohibió la entrada a los solicitantes de asilo por razones de seguridad pública, salud y economía. Desde entonces, las detenciones de la Patrulla Fronteriza han caído a los niveles más bajos en décadas, después de que durante la Administración Biden se registraran récords de ingresos.Las trabas al asilo y al programa de refugiados forman parte de la agenda antiinmigración de Trump para conseguir la mayor deportación de la historia. El fallo del Supremo es el segundo que el Alto Tribunal dictaminó este jueves a favor de la campaña del republicano. Por una mayoría de seis a tres (la misma división que en el caso del asilo), los jueces aprobaron la eliminación del TPS (Estatus de Protección Temporal) de 350.000 haitianos y 6.000 sirios.