El presidente Javier Milei firmó los decretos de designación de 47 nuevos jueces, fiscales y defensores oficiales cuyos pliegos ya contaban con el aval del Senado de la Nación. La medida representa un paso significativo para oxigenar el mapa judicial severamente afectado por las vacantes crónicas. Sin embargo, la decisión oficial llegó con una fuerte carga política implícita: el Ejecutivo decidió "congelar" y no firmar el nombramiento de la Dra. María Verónica Michelli, la única de la lista original que quedó marginada del Boletín Oficial. Para entender el impacto de la medida, hay que recordar que la Justicia Federal argentina arrastra desde hace años un déficit institucional complejo: casi una de cada tres vocalías o juzgados se encuentra vacante, cubiertos provisoriamente por jueces subrogantes (suplentes). Al estampar su firma en estos 47 pliegos, la Casa Rosada finalmente destraba nombramientos que habían logrado sortear las intensas negociaciones en la Cámara Alta, donde el oficialismo de La Libertad Avanza se encuentra en franca minoría y depende de acuerdos minuciosos con la oposición dialoguista y sectores del peronismo federal.
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