El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este jueves que el decreto de seguridad y resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales obligará a los operadores a mantener la cobertura de cuatro horas para el 75% de la población en caso de caída de la red eléctrica.Así lo ha dicho el ministro durante su participación en el encuentro DigitalES Summit, en el que ha afirmado que este "nuevo derecho digital" estará aprobado antes de que acabe el año "para que los operadores comiencen a implantar gradualmente nuevos planes de seguridad, obligaciones de redundancia y baterías para las antenas de telecomunicaciones".La nueva obligación se introducirá de manera gradual, pues el Gobierno calcula que beneficiará al 50% de la población en el primer año de la entrada en vigor del decreto, al 65% en el segundo año y finalmente al 75% en el tercer año. Las instalaciones de nivel intermedio (aquellas como los centros de gestión cuyo impacto podría afectar a varias regiones o comunidades autónomas) tendrán la obligación de permanecer operativas durante al menos 12 horas sin suministro eléctrico. Las esenciales de primer nivel (por ejemplo, los centros de control, donde reside la inteligencia centralizada de las redes y en las que un fallo puede afectar a todo el país) deberán tener garantizada la operatividad durante al menos 24 horas.Pero además, el decreto pondrá un foco especial en reforzar la operatividad y continuidad de las comunicaciones de emergencia de los centros del 112 y alertas públicas, según el Ejecutivo. Los operadores que les dan conectividad deberán confeccionar y presentar planes de seguridad y resiliencia. También deberán tener estrategias de redundancia.Un centro 112 puede optar por tener varios operadores que le den servicio o la posibilidad de utilizar a la vez tanto redes móviles como fijas. El objetivo es que el centro 112 se vea lo menos afectado posible y pueda seguir recibiendo llamadas, aunque haya algún problema puntual en alguna red o tecnología.Las obligaciones de este decreto afectarán, entre otros, a los operadores de telecomunicaciones en España y aquellos que operan infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de internet que cumplan ciertos criterios: más de medio millón de usuarios o más de 50 millones de ingresos. También aquellos que estén designados como operadores críticos, o presten servicios de emergencia, entre otros. No se aplica a redes vinculadas a seguridad nacional y defensa.