EditorialNunca se olvidará el insulto a la inteligencia ciudadana cometido con el autoaumento abusivo o con este nuevo chinchilete con dinero público.
Los diputados del actual congreso pueden estar seguros de que la ciudadanía nunca olvidará el artero, lesivo e ilícito autoaumento salarial que se recetaron la madrugada del 26 de noviembre de 2024, no solo porque tal abuso se hizo con nocturnidad, a espaldas de la población, sino porque no ha mejorado un ápice la calidad del trabajo legislativo. Al contrario, han aumentado las tácticas dilatorias, las mediocridades y los engavetamientos de normas urgentes. Los congresistas cobran incontritos los emolumentos que el pueblo nunca avaló.
Pero ahora, como si se tratara de una mofa adicional, aparecen directivos del denominado Sindicato de Trabajadores del Congreso presumiendo de un oneroso aumento en varios bonos de rimbombantes nombres —“del empleado legislativo”, “por antigüedad”, “vacacional”, “por fallecimiento”, “navideño”, “escolar”—, además de recetarse un día extra de descanso cada 22 de octubre —aniversario de dicho grupo sindical— que suena a puente prefabricado para conectar el asueto del 20 de ese mes.
Los costos de tales concesiones, a costillas del pueblo de Guatemala, rondan los Q15 millones anuales, clientelarmente repartidos sin ningún tipo de evaluación de calidad de desempeño, pertinencia de la plaza ocupada ni límite alguno para contrataciones de más personal o ulteriores incrementos antojadizos. Huele muy mal la manida justificación de este pacto: la supuesta recomendación de un juez laboral: sería muy interesante saber el nombre de ese funcionario y sus nexos familiares o políticos, o ambos, como para injerir en las funciones de otro organismo de Estado, sin estudios técnicos ni análisis de viabilidad organizacional o presupuestaria, mucho menos un anuncio acerca de tales pretensiones.
