Luego de casi cuatro meses de atajar los escándalos generados por los gastos patrimoniales de Manuel Adorni, el Gobierno logró ordenar la tropa y avanzar con su agenda en el Congreso. Negoció con los aliados, acordó con los gobernadores y consiguió, así, blindar al jefe de Gabinete y avanzar con el tratamiento de uno de los proyectos con los que se propone relanzar la imagen de la gestión: el Super RIGI.
El debate todavía se estaba llevando a cabo en el recinto, pero en el Gobierno se mostraban confiados: superado el affaire Adorni, a quien habían logrado proteger el día anterior volteando la sesión opositora, los votos para avanzar con el nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones serían cuestión de tiempo. El secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, paseaba por los pasillos de la Cámara de Diputados, atento a las negociaciones de último momento, pero no se lo veía nervioso. “Los votos están justos, pero están”, deslizaban en el oficialismo.
El proyecto del Ejecutivo, una versión 2.0 del RIGI sancionado hace dos años, está orientado a inversiones destinadas a infraestructura digital e inteligencia artificial por más de mil millones de dólares. Un régimen que, según denunciaron numerosas organizaciones y fundaciones de desarrollo, estará destinado a la instalación de data centers en zonas puntuales de la Patagonia, donde hay acceso a recursos naturales, energía y bajas temperaturas. Incluye enormes beneficios impositivos, fiscales y cambiarios con garantía de estabilidad por 30 años.
