Una jueza federal prohibió permanentemente este miércoles a la Administración del presidente Donald Trump la aplicación de la orden ejecutiva firmada por el republicano que modificaba las reglas de las elecciones, incluida la obligatoriedad de justificar la nacionalidad estadounidense al registrarse para votar. La magistrada consideró que Trump vulneró la separación de poderes al imponer una nueva legislación electoral, un asunto que es competencia de los Estados y del Congreso. La Constitución “no otorga al presidente poderes específicos sobre las elecciones”, escribió. El fallo de la jueza del Tribunal de Distrito de Boston, Denise Casper, convierte en permanente la orden judicial preliminar que emitió hace un año, mediante la cual bloqueó temporalmente muchas de las iniciativas de Trump para reformar el sistema electoral. En marzo de 2025, dos meses después de regresar a la Casa Blanca, el republicano dictó una orden ejecutiva en la que, además de exigir prueba de ciudadanía para votar, introducía otros cambios, como impedir el recuento de las papeletas enviadas por correo que llegaran después del día de las elecciones —incluso si llevaban el matasellos de una fecha anterior—.El presidente “no desempeña ningún papel directo en el proceso” de nombramiento de los electores, “ni tiene autoridad para controlar a los funcionarios estatales que lo llevan a cabo”, agregó Casper.Otras resoluciones judiciales se han opuesto a la orden ejecutiva sobre las elecciones, lo que ha llevado al presidente a buscar otra vía para implementar los cambios que desea en el sistema electoral. Para ello, está presionando al Senado para que apruebe la SAVE America Act, cuyo nombre completo es Safeguard American Voter Eligibility Act (Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses), que incluye, entre otras medidas, la prueba de ciudadanía como requisito para votar.En un comunicado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, expresó su agradecimiento por la decisión del tribunal de blonquear el intento “inconstitucional” de Trump de “tomar el control de nuestras elecciones” y afirmó que continuará defendiendo el derecho al voto en los comicios de mitad de mandato de este año.“Generaciones de estadounidenses lucharon incansablemente por el derecho al voto, y honramos su legado protegiendo ese derecho frente a cualquiera que intente socavarlo”, declaró.En abril de 2025, la fiscal general James y una coalición de otros 18 Estados demandaron a la Administración Trump por la orden ejecutiva de marzo de 2025 que buscaba anular el control estatal de las elecciones y dificultar que los estadounidenses se registraran para votar y emitieran su voto.Trump, que aún mantiene sin pruebas que el demócrata Joe Biden le robó las elecciones presidenciales de 2020, ha aumentado la presión para aprobar su reforma electoral con la vista puesta en las midterms, las elecciones de medio mandato que se celebrarán en noviembre y donde los republicanos se juegan la mayoría que ahora tienen en la Cámara de Representantes y el Senado. La semana pasada el mandatario canceló el nombramiento de Jay Clayton como director de Inteligencia Nacional para presionar a los republicanos de la Cámara Alta a votar a favor de la ley SAVE. En su lugar, mantuvo al polémico candidato Bill Pulte al mando de la agencia a pesar de no tener el apoyo de su propio partido.La ley SAVE obligaría a presentar una prueba de ciudadanía, como el pasaporte o el certificado de nacimiento, para poder votar. El proyecto es muy polémico porque impediría el voto de millones de electores que, aunque son estadounidenses, carecen de esos documentos. Los ciudadanos de menos recursos, los naturalizados, los votantes de zonas rurales, las comunidades tribales, las personas transgénero cuyos documentos no coincidan con su identidad y las mujeres que adoptaron el apellido de sus maridos se encuentran entre los más afectados. Trump argumenta que con la presentación del documento que justifique la nacionalidad se impediría el fraude electoral, que, en realidad, es prácticamente inexistente. El voto de personas que no son ciudadanas ya es ilegal y punible como un posible delito grave que podría conllevar la deportación.El presidente recibió otro revés de los tribunales el lunes, cuando una jueza federal prohibió la creación de un registro nacional de votantes, argumentando que el Congreso había prohibido expresamente al Gobierno centralizar la información de identificación personal de los estadounidenses. “El Gobierno federal ha vulnerado deliberadamente los derechos a la privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el derecho sagrado al voto”, afirmó la jueza Sparkle L. Sooknanan en su fallo.