La Contraloría chilena ha publicado este miércoles el informe final de la investigación sobre el ingreso al país de menores haitianos bajo el programa de reunificación familiar a través de vuelos chárter entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025. El ente fiscalizador detectó una serie de “incumplimientos relevantes” en el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez. Entre las irregularidades detectadas figuran la falta de coordinación entre los tres servicios, como la omisión de protocolos para la transferencia de información. La coordinación “es un deber jurídico, y no una mera recomendación”, plantea la Contraloría, que ha instruido sumarios en cada uno de los servicios implicados para determinar responsabilidades administrativas. El órgano autónomo también detectó incumplimientos en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar, entre ellos certificados caducados o sin legalización y la ausencia de documentos obligatorios. A esto se suma la emisión de un memorándum durante el Gobierno de Gabriel Boric, impulsado por el entonces director del Sermig, Luis Eduardo Thayer, que disminuyó los requisitos para acceder al procedimiento de reunificación familiar y a los documentos que la ley fija para el ingreso al país, pese a que, según la Contraloría, no contaba con atribuciones para ello. Sobre el cuestionado memorándum, Thayer defendió este miércoles en el Congreso que “sí tiene fundamento legal” y que actuaron “amparados y fundados en la ley de Extranjería y Migración, de la Constitución y el estatuto administrativo”. En Chile existía alta expectación por el resultado de la investigación de la Contraloría, ya que su preinforme conocido la semana pasada fue el que arrojó que, de una muestra de 105 menores haitianos que ingresaron a comienzos del año pasado, 64 no fueron ubicados en los domicilios registrados. El paradero desconocido encendió las alarmas del Gobierno de José Antonio Kast que pidió a la policía ubicar a todos los niños y adolescentes en cuestión, con ayuda de los municipios. Además de los sumarios, la Contraloría remitió al Ministerio Público los antecedentes que podrían revestir carácter penal e instruyó a las instituciones a revisitar los domicilios y verificar que no se hayan vulnerado los derechos de los menores.En el informe se apunta al Servicio Nacional de Migraciones porque “no verificó los datos autorreportados por las personas haitianas solicitantes de permisos de reunificación familiar, tales como el domicilio en Chile y el número de cédula de identidad de los adultos responsables, entre otros antecedentes, limitándose únicamente a recepcionar la información”. Y porque no cuenta con un protocolo para actuar cuando un menor llega a Chile y el solicitante de la reunificación familiar haya fallecido. En cuanto a la PDI, el ente fiscalizador señala que no dispone de instructivos que describan detalladamente las revisiones necesarias para la correcta aplicación de la normativa de control migratorio (como registrar el ingreso de las personas al país, la revisión de los antecedentes que deben presentar y cómo debe ser verificada la legalidad de la estadía de los extranjeros en el país o el motivo de su viaje). Un ejemplo de la falta de coordinación es que en las bases de datos de la PDI, donde se indica la condición que presentaban los inmigrantes haitianos a su llegada, algunos registros no correspondían a los que dispone el sistema del Sermig, donde se adjunta el historial de trámites efectuados por el extranjero y permite conocer su condición real en Chile. Además, en el informe se cuestiona el control de vuelos chárter, donde se detectó la falta de presentación del listado de pasajeros exigido y se determinó que el Sermig no aplicó oportunamente las sanciones respectivas.