En el Putumayo, una zona selvática junto a la frontera con Ecuador, el Gobierno de Gustavo Petro instaló en las últimas semanas un centro para la Coordinadora Nacional de Combatientes. Se trata de un centenar de guerrilleros que esperan allí desde el 14 de junio bajo una profunda incertidumbre. El proceso de paz con el Ejecutivo progresista los condujo a este confinamiento provisional, donde ya entregaron sus armas sin un marco legal sólido ni un horizonte claro para su transición a la vida civil. Los negociadores oficiales, además, tienen los días contados: el próximo 7 de agosto está previsto que asuma el poder el presidente electo, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, quien ha prometido una guerra sin cuartel.
La apuesta de Petro por la política de “paz total”, con la que llegó al poder en 2022, termina sin acuerdos definitivos y con los grupos armados más fuertes que al inicio del proceso. El ELN, guerrilla de raíz castrista, mantiene control sobre zonas en la frontera con Venezuela; las disidencias de las antiguas FARC se han expandido; y el secuestro, casi erradicado años atrás, vuelve a registrar alrededor de 350 casos al año. De la Espriella, abogado penalista de 47 años, ganó las elecciones el pasado fin de semana con una promesa simple: retomar el enfoque militar en lugar de las concesiones del último cuatrienio. No ha precisado, sin embargo, cómo ni con qué recursos lo hará.
