La derechista Keiko Fujimori, de 51 años, será la nueva presidenta de Perú, la novena en una década. Después de 17 días desde las elecciones, con el lento escrutinio avanzado al 99,8%, Fujimori (50,1%) tiene una ventaja de unos 43.386 votos que su rival, el izquierdista Roberto Sánchez (49,8%), ya no puede remontar porque supera el número de sufragios que quedan por contar y ese margen es ya irreversible. Su victoria llega a cámara lenta y entre denuncias de fraude de Sánchez. Es la cuarta vez que la hija del autócrata Alberto Fujimori, la figura que más ha moldeado y dividido la política del país, compite para hacerse con la presidencia, y lo ha hecho reivindicando el controvertido legado político de su padre.Los jurados electorales tendrán ahora que resolver las impugnaciones pendientes, que corresponden al 0,2% de los votos, y tienen como plazo máximo hasta mediados de julio, cuando la autoridad electoral declare de manera oficial la victoria. Su proclamación como presidenta está prevista para el 28 de julio. Fujimori presidirá un país partido en dos, con unas instituciones frágiles y sumido en la inestabilidad, después de encajar tres derrotas consecutivas. Su tenacidad ha sido más fuerte esta vez que el antifujimorismo, el potente y heterogéneo movimiento que tiene en contra. En concreto, unas decenas de miles de votos más fuerte, en un país en el que las tres últimas elecciones se han resuelto con una diferencia mínima, como ahora, inferior al 1%. El voto exterior ha sido decisivo en su victoria, sobre todo en Estados Unidos, donde vive la mayor comunidad peruana fuera del país, e impugnarlo ante todas las instancias posibles para tratar de anularlo ha sido el caballo de batalla de su rival, que este lunes dijo que no reconocería la victoria de Fujimori y ha anunciado nuevas movilizaciones de sus partidarios. Esas denuncias de fraude han sido desestimadas por ahora, y Sánchez no ha presentado pruebas. Su actitud, muy criticada en el país, es similar a la que tuvo Keiko Fujimori cuando perdió en 2021 frente a Pedro Castillo, hoy encarcelado por intentar dar un autogolpe. La lentitud en el escrutinio de los votos, después de una primera vuelta tumultosa en la que también hubo denuncias de fraude por parte de un aspirante de ultraderecha, ha abonado la incertidumbre durante estas dos semanas, salpicadas de dudas primero y de abierto cuestionamento del proceso después por parte del izquierdista Sánchez. Será la primera presidenta electa del país ―Dina Boluarte fue presidenta por sucesión constitucional tras la destitución de Castillo―, y estará rodeada de aliados ideológicos en una Latinoamérica gobernada por mandatarios de derecha y extrema derecha bajo la hegemonía de los Estados Unidos de Donald Trump. Este miércoles, el aspirante ultraderechista a disputarle la presidencia al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil en octubre, Flavio Bolsonaro, felicitó a Fujimori por su victoria, hablando de la importancia del “fortalecimiento de la cooperación entre las naciones sudamericanas” en la lucha contra “el narcoterrorismo transnacional”, y durante la campaña recibió el respaldo de otro ultra, el colombiano Abelardo de la Espriella, que acaba de ganar las elecciones. Con el lema Vuelve Fujimori, vuelve el orden, Keiko ha puesto el foco en la crisis de inseguridad que atraviesa el país, el tema que más preocupa a los peruanos, con un aumento de los homicidios y las extorsiones a pequeños comerciantes, tiendas y sobre todo a los conductores del transporte urbano. Para combatirla, ha prometido organizar patrullas en las que participen militares en la calle, la expulsión inmediata de los inmigrantes que cometan delitos y que los presos trabajen por sus alimentos, entre otras medidas. Durante toda la campaña, Fujimori ha tratado de equiparar la lucha contra el terrorismo que emprendió su padre en los noventa con el combate a la criminalidad de hoy. Pero el de Alberto Fujimori es un legado de doble filo, porque aunque muchos le reconocen el haber acabado con la hiperinflación y con los grupos terroristas, también está manchado por su Gobierno autoritario después de dar un autogolpe, por la corrupción y por las violaciones de derechos humanos, que incluyen las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, además de desapariciones y esterilizaciones forzadas de miles de mujeres indígenas. Cumplió 16 años en la cárcel de los 25 a los que fue condenado, pero fue indultado al final de su vida en un procedimiento cuestionado por los organismos internacionales y falleció en 2024. Este discurso de mano dura en seguridad es el que más ha calado entre sus votantes y ha podido atraer a indecisos como María Dulanto, una emprendedora de 27 años en Lima. “Al final creo que escogeré a Keiko, porque votar a Sánchez es irnos al abismo”, decía esta madre de tres niños el día de la elección, el pasado 7 de junio. “La gente se va del país porque matan todos los días, hay extorsiones, y lo peor es que no van a por los grandes empresarios, sino que les piden dinero a los que acaban de abrir una tienda, a los conductores o al que tiene un puesto de venta de huevitos de codorniz. Y no son solo amenazas, si no pagas te matan, así que da miedo abrir un local”.Las sospechas del rivalRoberto Sánchez se ha radicalizado desde la noche de la segunda vuelta. Si en un primer momento aseguró que respetaría la voluntad popular y aceptaría el resultado de las urnas, hoy sostiene que existe un “fraude en desarrollo” y se niega a reconocer un eventual triunfo de Keiko Fujimori. El candidato de Juntos por el Perú ha convertido la denuncia de supuestas irregularidades en el eje de su estrategia política y mantiene abierto un conflicto electoral que las autoridades consideran resuelto.En los últimos días, Sánchez ha insistido en la necesidad de un reconteo de votos y ha rechazado las decisiones de los organismos electorales que declararon improcedentes sus pedidos para anular mesas de sufragio en el extranjero. Según su versión, los votos emitidos fuera del país deben ser invalidados porque, a diferencia de la primera vuelta, las actas no fueron digitalizadas y el material electoral fue trasladado físicamente a Perú. A su juicio, ese procedimiento rompió la cadena de custodia y abrió la posibilidad de manipulaciones. El líder de izquierda también ha convocado a “movilizaciones históricas” para defender el voto del llamado “Perú profundo”, donde obtuvo la victoria en 16 regiones del país.En paralelo, el Poder Judicial admitió a trámite un habeas corpus que busca suspender una eventual proclamación de Fujimori. La demanda cuestiona su nacionalidad y argumenta que existen “elementos de convicción históricos y documentales que generan una duda razonable y un peligro inminente respecto a la doble nacionalidad de la candidata”, debido a la condición peruano-japonesa de su padre, el fallecido autócrata Alberto Fujimori.La victoria de Keiko Fujimori, y la vuelta al poder de la polémica dinastía, tiene el potencial de ahondar la fractura social y política que atraviesa el país, no solo por la incapacidad de sucesivos presidentes de terminar su mandato en los últimos años, sino también debido a la polarización que genera la propia Fujimori, quien ha ejercido un considerable poder en el Congreso en estos años y a la que se percibe como principal instigadora de la inestabilidad en el país. Su partido, Fuerza Popular, es el principal en el Parlamento, pero será necesario que pacte para sacar adelante reformas en un ambiente crispado que será su mayor reto. Tendrá que gobernar para la mitad que no votó por ella, sobre todo en las zonas rurales empobrecidas, y tiene enfrente a la oposición de izquierda, que se enroca en denunciar el fraude y anuncia movilizaciones, y su propio movimiento en contra, el antifujimorismo, que abarca desde el feminismo a distintos movimientos sociales.