Las revelaciones de las negociaciones con el ‘clan de Golfo’ que ponen en entredicho la salida de generales de la la Fuerza Pública

Noticia Exclusivo suscriptores El caso muestra que entre el Gobierno y el grupo armado se habría discutido la depuración de oficiales y la reducción de operaciones militares.Ascenso de generales de la Fuerza Pública Foto: Tomado de PresidenciaSUBEDITOR DE JUSTICA24.06.2026 12:05 Actualizado: 24.06.2026 12:05

Las revelaciones de Noticias Caracol sobre los acercamientos entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ‘clan del Golfo’ no solo vuelven a poner bajo escrutinio la estrategia de la denominada ‘paz total’, también reabren una de las discusiones más sensibles que se instaló desde el inicio de la actual administración: la salida masiva de oficiales de la Fuerza Pública y las razones que estuvieron detrás de esa decisión.El material divulgado por la Unidad Investigativa de ese noticiero muestra al entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, exponiendo compromisos que habrían incluido frenar operaciones militares contra esa organización criminal, limitar los bombardeos, revisar la política de extradición de sus cabecillas y adelantar una depuración dentro de la Fuerza Pública. El contenido de esas conversaciones adquieren relevancia porque coincide con una serie de decisiones adoptadas por el Gobierno y que, desde entonces, generaron cuestionamientos dentro de los sectores de seguridad.Durante los primeros meses de la administración Petro se instaló la versión de que la reestructuración en la cúpula policial de las Fuerzas Militares respondía a la necesidad de combatir fenómenos de corrupción; sin embargo, las grabaciones conocidas ahora plantean una hipótesis distinta: que una parte de esos relevos habrían estado relacionados con compromisos adquiridos durante los acercamientos con el ‘clan del Golfo’.Patrulleros de la Policía. Foto:SANTIAGO SALDARRIAGAEl episodio más recordado ocurrió el 25 de agosto de 2022, cuando fueron llamados a retiro 22 generales de la Policía y al menos 13 de las Fuerzas Militares. La decisión representó una de las mayores renovaciones de mando en la historia reciente de las instituciones encargadas del orden público. Entre los oficiales que dejaron el servicio había varios que participaron en operaciones de inteligencia, investigación criminal y seguimiento que terminaron con la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo jefe del ‘clan del Golfo’.Con el paso de los meses los retiros se incrementaron (80 en la actualidad) y coincidió con una reducción de la presión operacional sobre la estructura criminal. Mientras avanzaban los contactos exploratorios de la ‘paz total’, las críticas comenzaron a crecer debido a la expansión territorial y militar de esa organización. Lo que inicialmente se presentó como una apuesta para facilitar una negociación terminó generando interrogantes sobre el efecto que tuvo en las capacidades de inteligencia y persecución contra el principal grupo narcotraficante del país.Una ceremonia de ascenso. Foto:Policía de ColombiaLas cifras muestran la dimensión de ese crecimiento. De acuerdo con estimaciones de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el ‘clan del Golfo’ pasó de tener cerca de 4.000 integrantes y presencia en alrededor de 200 municipios en 2022, a superar los 6.000 miembros al cierre de 2023. Actualmente, distintas fuentes de seguridad calculan que la organización ronda los 10.000 integrantes y mantiene influencia en al menos 338 municipios del territorio nacional.Los informes de inteligencia también registran una transformación de la estructura armada. La organización, heredera de antiguos grupos paramilitares, está dividida en seis bloques y 32 frentes con presencia en 16 departamentos y más de 300 municipios. Esa expansión ocurrió precisamente durante los años en que se desarrollaron los acercamientos políticos y jurídicos impulsados desde el Gobierno para buscar la paz con el grupo armado.Las revelaciones del noticiero no se limitan a los diálogos con el grupo armado, sino que también señala que, en agosto de 2025, cuando Jorge Lemus dirigía la Dirección Nacional de Inteligencia, habría sostenido reuniones con un reconocido esmeraldero y exnarcotraficante que había negociado con autoridades de Estados Unidos. Según el material divulgado, el propósito era explorar apoyos políticos para impulsar un proyecto de ley que facilitara el sometimiento del ‘clan del Golfo’ y otras estructuras criminales.Iván Velásquez, ministro de Defensa. Foto:Néstor Gómez. EL TIEMPOExmindefensa se defiendeEl exministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, respondió a las revelaciones de Noticias Caracol y aseguró que el proceso de evaluación de los altos mandos de la Fuerza Pública, que derivó en una profunda renovación de las cúpulas policiales y militares al inicio del Gobierno de Gustavo Petro, fue resultado de un “análisis independiente” y no de exigencias de organizaciones criminales y explicó que la revisión comenzó incluso antes de asumir formalmente el Ministerio de Defensa y estuvo sustentada en consultas a diversas fuentes, documentos e investigaciones.“La evaluación de altos oficiales de la Fuerza Pública que realicé desde aproximadamente dos semanas antes de asumir el cargo de ministro de defensa, fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones”, señaló el exfuncionario.El exministro rechazó además cualquier vínculo entre esas decisiones y las conversaciones adelantadas por Danilo Rueda con el ‘clan del Golfo’. “El señor Danilo Rueda no tuvo ninguna participación ni conocimiento de ese proceso ni se le consultó jamás sobre ningún oficial, de manera que no es cierto que hubiera incidido de algún modo en la evaluación ni en la permanencia o exclusión de oficial alguno”, afirmó. Danilo Rueda, comisionado de Paz. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPOAnálisis de expertosLa discusión ha generado reacciones dentro de los sectores especializados en seguridad. Daniel Mejía, analista en esta materia, aseguró en su cuenta de X que las recientes revelaciones demostrarían que la salida de numerosos oficiales no obedeció a razones de transparencia institucional sino a exigencias planteadas por la organización criminal durante los acercamientos con el Gobierno.“Señor @Ivan_Velasquez_ (exministro de Defensa): nos colabora con su “explicación”? Entonces su “purga”, cuando sacó decenas de generales, coroneles, no era por casos de corrupción, sino que estaba siguiendo las órdenes que la daba el ‘clan del Golfo’? Bájese de ese pedestal de superioridad moral y de su supuesto rol adalid anticorrupción y respóndale al país (y pronto también a la justicia)”, dijo Mejía.Desde una perspectiva más amplia, varios investigadores han advertido que cualquier proceso de negociación requiere mantener un equilibrio entre la búsqueda de acuerdos y la preservación de las capacidades estatales de control territorial. Para Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, los primeros pasos de un proceso deben crear condiciones para dialogar sin permitir que el actor armado fortalezca su presencia o aumente su capacidad operativa.Jorge Lemus, exdirector de la DNI. Foto:Presidencia“Esto es lo que pasó con la mayoría de los procesos de la paz total y en especial con el ‘clan del Golfo’ o Ejército Gaitanista de Colombia”, señaló Arias y consideró que el cese al fuego anticipado, la suspensión de ciertas operaciones ofensivas y la reducción de capacidades de inteligencia facilitaron la expansión de la organización durante los primeros años de la estrategia gubernamental.Por su parte, el coronel ( r) Jorge Alexander Mora, quien fue jefe anticorrupción de la Policía, y quen también fue sacado de la institución, señaló que más allá de los nombres propios, el debate se concentra en el impacto que estas decisiones pueden tener sobre las capacidades del Estado para enfrentar al crimen organizado. “La seguridad del Estado no puede debilitarse mientras se fortalecen concesiones a estructuras criminales”, dijo el oficial retirado, al señalar que cualquier facultad discrecional debe estar sometida a criterios de legalidad, razonabilidad y transparencia. LEA TAMBIÉN La preocupación también alcanza la continuidad de investigaciones relacionadas con narcotráfico, lavado de activos, corrupción, extorsión y crimen organizado. De acuerdo Mora, estas estructuras operan con visión de largo plazo y suelen aprovechar los periodos de transición institucional para reorganizarse y recuperar espacios de influencia. “Los cambios abruptos en equipos especializados generan vacíos que afectan el seguimiento de objetivos de alto valor y reducen la capacidad de judicialización efectiva”, señaló, al advertir que toda disminución de capacidades especializadas termina favoreciendo objetivamente a las organizaciones ilegales.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.