Durante los primeros seis meses del año, el Gobierno aceleró una limpieza sobre el paraguas protector de la industria local: gran parte de las barreras antidumping que vencían este año fueron eliminadas y dejaron de penalizar la competencia desleal externa. Esta decisión se produce en un contexto donde las importaciones compiten directamente con los productos nacionales, castigados por los altos costos de producción. La disputa no es sólo frente a China —el principal origen de los productos analizados— que subsidia sus exportaciones, sino también contra diversos fabricantes mundiales, en un escenario donde el oficialismo promueve abiertamente las compras al exterior.
De las casi 40 medidas que tienen fecha de vencimiento para el 2026, la Secretaría de Comercio ya analizó unos 21 expedientes. Nueve resultaron en bajas directas o cierres sin aplicación de aranceles; seis se mantienen abiertas o en revisión; tres sufrieron suspensiones temporales o caídas de acuerdos; y solo tres lograron retener o imponer un nivel de protección, según un relevamiento que realizó PERFIL.
La mayoría de las resoluciones tiene a China como protagonista: el gigante asiático está involucrado en 17 de las 21 medidas analizadas (15 de ellas como país de origen exclusivo y otras dos en expedientes compartidos). Los cuatro casos restantes que completan el mapa corresponden íntegramente a otros mercados, e incluyen a Brasil (resinas poliéster), Estados Unidos (diisocianato de tolueno), Chile (placas autoadhesivas de plástico) e Italia (calderas para calefacción). También se registran casos multiorigen, con naciones como Colombia, Vietnam, India y Malasia.
