EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es ───────────Rafa Arrabé, de 39 años, Eduardo Torralbo, de 51, y A., de 60, fueron víctimas de abusos sexuales en la Iglesia cuando eran menores de edad. Siguen arrastrando las secuelas de ese trauma, que llegaron incluso a normalizar para poder seguir adelante. Son tres de las víctimas que han solicitado una reparación dentro del nuevo marco Gobierno-Iglesia y con las que ha hablado este periódico para conocer qué diferencias se han encontrado tras ser atendidas por la unidad de víctimas del Defensor del Pueblo, un organismo independiente y ajeno a la jerarquía eclesiástica. Los tres coinciden: “Por primera vez salí con la sensación de haber sido escuchado y de haber podido hablar con tranquilidad. Sientes respeto. No te revictimizan como pasó con la Iglesia y no te hacen un interrogatorio”, cuentan, cada uno por separado, en conversación telefónica. Antes de cada conversación ―que en el caso de los tres ha superado las dos horas—, los psicólogos que los han escuchado les han entregado un “test psicotécnico” para conocer el estado emocional en el que se encuentra cada víctima. “Yo iba de los nervios, porque no es fácil tener que volver a contarlo todo y revivir cosas dolorosas. Pero te hacen sentir tranquilo, cómodo, te dicen que si no puedes continuar, puedes salir de la reunión, dar un paseo o incluso pegar un grito por la ventana”, explica Torralbo. “No fue una entrevista agresiva, ni un interrogatorio. Fue más bien una conversación para contextualizar mi caso: cómo me afectó, cómo estoy ahora y qué considero que quedó sin reparar. Me permitieron utilizar los apuntes que llevaba por si me bloqueaba, perdía el hilo o me disociaba”, cuenta A.Hasta el pasado mes de abril, las víctimas de pederastia en el clero español cuyos abusos no pudieron ser juzgados por prescripción del delito (la gran mayoría) solo tenían una vía para denunciar a su abusador y solicitar una reparación acorde con el daño sufrido durante la infancia: acudir a la propia Iglesia. Es decir, la misma institución que tendría que haberse encargado de protegerlos durante la infancia y que, en realidad, miró casi siempre hacia otro lado, negando los hechos o restándole gravedad. Cuando un crío, una cría o los propios padres alertaban al responsable de la diócesis, de la orden o del centro escolar de un posible caso de abuso sexual, en vez de investigarlo, los responsables eclesiásticos protegían, cuando no encubrían, al presunto abusador y lo cambiaban de destino o de país donde, en muchos casos, seguía abusando de niños. Todo quedaba enterrado y silenciado para no perjudicar a la propia institución. Los obispos siempre se han negado a reparar a las víctimas de pederastia porque eso implicaba asumir responsabilidades. La contabilidad de este periódico, la única que existe en España, suma 3.109 víctimas; mientras que el informe que el Defensor del Pueblo presentó en el Congreso en 2023 las estimó en 440.000. En enero de 2025 y, ante el escándalo de cifras de la pederastia, la jerarquía eclesiástica creó su propio plan de reparación, el PRIVA. Fue un fracaso: solo un 2% de las víctimas llegaron a ser reparadas. Varias, además, denunciaron a este periódico que se sentían tratadas como “meros testigos” y no como víctimas de un delito. El pasado mes de enero, ante las presiones de Papa León XIV, los obispos rectificaron y firmaron un acuerdo con el Gobierno para reparar a las víctimas. El PRIVA sigue existiendo, pero los afectados tienen ahora otra puerta a la que llamar. Las solicitudes se envían al Ministerio de Justicia y este traslada los expedientes a la sede del Defensor del Pueblo donde una unidad de víctimas formada por profesionales independientes es la encargada de escuchar a las partes y elaborar una propuesta de reparación. Desde que empezó a funcionar el nuevo plan Gobierno-Iglesia, la unidad de víctimas ha abierto 421 expedientes, más del doble de las que recibió el PRIVA en su primer año. El grupo de expertos ya ha empezado a entrevistarse con las víctimas. Rafa Arrabé, cuyo caso destapó este periódico, es una de ellas. Denunció en el obispado de Getafe los abusos que sufrió por parte de Alberto Arrastia Cebrián entre 2003 y 2004, cuando él tenía entre 16 y 17 años. Era su director espiritual y también el cura que hacía servicio a su comunidad neocatecumenal. El arzobispado abrió una investigación que se cerró “al no encontrar más víctimas”. Le invitaron a no airearlo en la prensa y a pedir una indemnización a través del plan PRIVA. Dijo que no. “No me fiaba de ellos, no hicieron nada con mi caso, ni siquiera en 2009 cuando lo comuniqué por primera vez. Son totalmente opacos”. En la entrevista con la unidad de víctimas del defensor asegura que se sintió cómodo y escuchado. “Lo hacen desde el respeto, con muchísima consideración, intentando en todo momento no revictimizar”. Y añade: “Cuando terminó la entrevista les dije: ‘Soy consciente de que mi caso no es el peor’. Rápidamente me cortaron: ‘Lo que a ti te pasó es una criminalidad que no tendrías que haber sufrido, no te compares con otras víctimas, cuyos casos no son ni peores ni mejores. Tú no eres menos víctima por no haberlo sufrido de manera más continuada’. Me vino bien escucharlo para darme cuenta de que hay muchas cosas que he normalizado hasta el punto de considerar que no eran tan graves, cuando realmente sí lo son”. Torralbo, por su parte, denunció ante los salesianos los abusos que sufrió en el Colegio Salesiano San Paulino de Nola en Barakaldo, Bizkaia, entre 1983 y 1989 cuando tenía 11-12 años. Le pidieron perdón en una carta y solicitó una reparación a través del PRIVA. “Rechacé lo que me ofrecieron porque 17.600 de daño moral y 10.000 euros de gastos generados en consulta me pareció ridículo comparado con el daño que he sufrido y que sigo tratando en terapia”. Sobre su entrevista con la unidad de víctimas, remarca que se sintió cómodo y eso que acudió sintiendo que “no era capaz de volver a contar” su historia. Pero sí pudo. “Me ha defraudado tanto la Iglesia que ando con miedo y suspicacia; espero y confío que esto no sea un PRIVA II porque las propuestas de reparación serán enviadas a la orden correspondiente para que dé su visto bueno”.El protocolo establece que, una vez completado el expediente, este se remite, con una propuesta de reparación, a la víctima y a la comisión asesora de a Iglesia (CPRIVA). Si ambos están conformes, queda resuelto. Si no, se convoca la comisión mixta y, en caso de no haber acuerdo, será la valoración del Defensor del Pueblo la que prevalezca. A. denunció en su día ante el arzobispado de Barcelona lo que le ocurrió cuando era menor. Fue una de las víctimas de un caso especialmente grave destapado por este periódico: una red de pederastia organizada en torno a los niños de una parroquia. El cura disponía de un piso donde llevaba a los monaguillos para agredirlos sexualmente. A. recibió una indemnización que no considera acorde a las secuelas del daño sufrido. “Cobré 91.000 euros tras un largo proceso, porque al principio en la diócesis se negaron a indemnizarme con el argumento de que el acusado ya estaba muerto”, contó en su día a este periódico. Hace pocas semanas, acudió a Madrid a la oficina del Defensor del Pueblo, convocado también por la unidad de víctimas. “Les expliqué que ya recibí una reparación en el PRIVA, pero que no la considero una reparación integral. No pido duplicar nada. Pido que se valore el daño total, pero que no se use esa cantidad para cerrar automáticamente mi caso”. Y añade: “Remover todo esto siempre es difícil, pero el trato que recibí por los tres profesionales de la unidad de víctimas ayudó a que no lo viviera como una nueva agresión institucional. Pude explicar que mi caso no es solo un abuso ocurrido en la infancia, sino una vida entera condicionada: infancia, adolescencia, salud mental, prostitución, drogas, delincuencia, precariedad, pérdida de oportunidades, incapacidad, dependencia, falta de red y todo lo que no pude construir”.