El día en el cual el juez Calama de la Audiencia Nacional decidió imputar a José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente hizo un intento de salvar su imagen política, ética y estética mediante un breve comunicado en el que defendía su inocencia y anunciaba que en breve comparecería ante los medios de comunicación para dar las explicaciones necesarias. En ese momento –hace más de un mes y sin haber tenido tiempo de asumir bien la realidad de su compleja situación– Zapatero reaccionó en clave política, como si aún estuviera en condiciones de protagonizar, al día siguiente, un mitin de apoyo a algún candidato socialista, como había hecho en Andalucía con María Jesús Montero, apenas unos días antes.Pero el peso de la justicia se le vino encima de los hombros en cuanto tuvo la primera charla con su abogado. Y la especialidad de ese abogado ya ofrecía una pista fiable de cuáles iban a ser las intenciones de la defensa. Porque si alguien está convencido de su inocencia y cree estar en condiciones de desmontar los indicios en su contra, la lógica indica que la mejor opción de un abogado penalista. Si se es culpable y las pruebas son evidentes, la mejor ayuda puede llegar de un abogado especialista en llegar a acuerdos con la Fiscalía para rebajar la pena (ejemplo: Víctor de Aldama).Zapatero no ha elegido ninguna de estas dos posibilidades. Su decisión ha sido defenderse con un abogado de los calificados como procesalistas, por el detallado conocimiento que tienen de los vericuetos judiciales. Es decir: la forma por delante del fondo. Es decir: Zapatero no aspira tanto a ganar por ser declarado inocente, sino por conseguir que las pruebas contra él se declaren nulas por la forma de conseguirlas; o porque el delito haya prescrito, no porque no se haya cometido.Este es un derecho inalienable de cualquier ciudadano de un estado de derecho. Pero, tratándose de una figura de excepcional repercusión pública y política, es inevitable –y si apuramos, incluso necesario– extraer determinadas conclusiones. La principal: que Zapatero renuncia a defender su inocencia, y apuesta su futuro judicial a que se decrete la nulidad de los datos encontrados en un teléfono en Estados Unidos, y a que el delito de contrabando y/o el delito fiscal se consideren prescritos por el tiempo transcurrido desde que las "dichosas joyas" (en palabras del juez Calama) llegaron a España, y hayan pasado demasiados años como para que sea aplicable el código penal.Este es un método de defensa legal. Pero nadie podrá entender que es un método de defensa del honor político ni del alto concepto ético en el que se tenía el imputado, y en el que le tenía un determinado sector social.