El juez federal 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, hizo lugar a una acción de amparo colectiva y ordenó al Estado Nacional regularizar de manera inmediata la cadena de pagos de las prestaciones para personas con discapacidad. El fallo conmina a Pami y al programa Incluir Salud (dependiente del Ministerio de Salud de la Nación) a cancelar todas las facturas adeudadas en un plazo máximo de 72 horas.
Un sistema al borde del colapso
La causa se inició a partir de la presentación de una madre cordobesa, cuyo hijo padece retraso mental grave y denunció la inminente interrupción de los tratamientos debido a la mora en los pagos que los organismos oficiales mantienen desde diciembre de 2025.
En mayo pasado, el juez dictó una medida cautelar urgente para proteger sus derechos. Ahora se pronunció sobre el fondo del planteo.
La medida tiene efecto expansivo, lo que significa que protege a todo el colectivo de beneficiarios de pensiones no contributivas (PNC) con Certificado Único de Discapacidad (CUD) que reciben cobertura de Pami o Incluir Salud, así como a sus familiares y curadores.
