El ruido por los resultados electorales en la segunda vuelta presidencial de Colombia tiene como gran protagonista al mandatario saliente, Gustavo Petro, quien ha cuestionado al preconteo, la información rápida difundida el domingo, y ha subrayado que el resultado oficial es el que proviene de los más detallados escrutinios. Los datos del domingo dieron la victoria al opositor Abelardo de la Espriella, con 12.959.542 votos o el 49,66% del total, frente a los 12.708.712 apoyos del oficialista Iván Cepeda, un 48,7%. Solo 250.830 votos de diferencia. Si Petro acepta las conclusiones del escrutinio, como ha dicho explícitamente Cepeda que hará, la tranquilidad se acerca rápidamente: en la mañana de este martes, la Registraduría Nacional ha informado que el primer y más largo paso de ese proceso de escrutinios ya terminó, y que la diferencia en votos frente al preconteo es de apenas un 0,003%, unos 790 votos. En ese proceso se empezó a librar la puja jurídica que ha indicado Cepeda, al anunciar que sus equipos hicieron 57.189 reclamaciones sobre los resultados de 33.000 de las 122.020 mesas electorales del pasado domingo. Abogados de ese grupo, como el penalista Miguel Ángel del Río, el exmagistrado Luis Guillermo Pérez o el exdirector del Dapre Jorge Rojas, explican que encontraron errores aritméticos, tachones en formularios E-14 y actas sin la firma de los jurados. La duda es si se trata de errores marginales o de problemas sustanciales, que afecten la votación. La experiencia muestra que suele ocurrir mucho más lo primero: las diferencias en votos entre preconteo y escrutinio fueron del 0,06% en la primera vuelta de estas mismas elecciones, y en las segundas vueltas anteriores no han pasado del 0,11%. El margen del 0,95% entre De la Espriella y Cepeda puede ser pequeño, pero es muy amplio para efectos de los cambios entre un preconteo y un escrutinio.Para entender lo que ha pasado y lo que viene, hay que mirar cómo funciona el escrutinio. El domingo en la noche no se cuenta el resultado oficial: la Registraduría, a través de una empresa contratada, hace un conteo rápido sin efecto legal pero con enorme peso político, que permite saber quién ganó mientras la maquinaria electoral arranca su trabajo oficial. Ese escrutinio avanza en etapas sucesivas: primero la mesa, donde los jurados llenan el formulario E-14 en la tarde del domingo; luego en 2.992 comisiones municipales, que consolidan los votos en cada municipio y distrito, y que componen jueces, notarios o registradores; luego las 32 departamentales, que hacen lo mismo a mayor escala y en las que participan delegados por el Consejo Nacional Electoral (CNE); y, al final, el nacional, a cargo de los nueve magistrados del CNE. Cada etapa de esta pirámide revisa el trabajo de la anterior con base en las actas, no en los votos físicos, que permanecen custodiados en las llamadas arcas triclaves, llamadas así porque solo se pueden abrir con tres claves que tienen personas diferentes.Es justamente en esa arquitectura por niveles donde se inserta la discusión de lo que viene. El Código Electoral no permite reclamar en cualquier momento ni ante cualquier instancia: las solicitudes de recuento de votos solo pueden presentarse en las mesas o comisiones escrutadoras de primer nivel. Las reclamaciones propiamente dichas, por su parte, deben formularse en la misma etapa en que se produce el hecho que las origina, y solo pueden alegarse una vez. La escritura aplica lo que la ley llama principio de preclusividad: lo que no se reclamó a tiempo se entiende subsanado.Además, el Código Electoral trae un punto que puede resultar incómodo para quienes esperan una revisión amplia: las causales de reclamación son solo las que explícitamente trae la ley, y no admiten analogías. Un acta con tachones, una firma faltante de un jurado, una suma que no cierra, son motivos válidos, pero deben alegarse en la audiencia donde se detectan, no después. Y un hecho que configura una causal solo puede invocarse una vez. Si los testigos del partido oficialista Pacto Histórico no dejaron constancia escrita en el escrutinio municipal, por ejemplo, la puerta para debatirlo en el departamental puede ya estar cerrada. Es por ello que el presidente convocó repetidamente a un gran dispositivo de testigos electorales para su partido, como en efecto hubo: la campaña de izquierda acreditó 134.596 personas, mientras que la de ultraderecha sumó 124.466. En las comisiones departamentales se revelará si fueron suficientes.Y es que allí los delegados del Consejo Nacional Electoral pueden validar una apelación contra una negativa de las comisiones municipales, o puede aparecer una causal que no ha sido alegada, como un error aritmético verificable dentro de una misma acta, que sí puede corregirse en cualquier instancia. Mientras esa discusión jurídica avanza casi en paralelo a la política, el país sigue esperando una cifra que todavía no está escrita en piedra.