La Administración Trump quiere que obtener la ciudadanía estadounidense sea significativamente más caro. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha presentado una propuesta para aumentar en cientos de dólares las tarifas que pagan los residentes permanentes al solicitar la naturalización, además de eliminar programas que actualmente reducen o eximen esos costos para algunos solicitantes de bajos ingresos.De aprobarse, la medida elevaría el costo de presentar el Formulario N-400 —el documento necesario para solicitar la ciudadanía— de 760 a 1.330 dólares para quienes realicen el trámite en papel. En el caso de las solicitudes en línea, la tarifa pasaría de 710 a 1.280 dólares. También aumentaría el costo de apelar o pedir la reconsideración de una negativa de ciudadanía.La propuesta todavía debe superar el proceso regulatorio federal y permanecerá abierta a comentarios públicos durante 60 días antes de que pueda entrar en vigor.Según el DHS, el objetivo es que los solicitantes cubran completamente el costo de procesar sus casos. La agencia sostiene que las tarifas actuales no alcanzan para financiar las revisiones necesarias que realiza el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), organismo que depende en gran medida de las cuotas pagadas por los usuarios para operar.En la propuesta, el gobierno argumenta que las tarifas vigentes “no recuperan el costo total de tramitar exhaustivamente las solicitudes de naturalización, incluyendo los controles de selección y verificación necesarios, que el USCIS mejora continuamente de conformidad con las órdenes ejecutivas del presidente”.Aunque gran parte de la atención pública se ha concentrado en las deportaciones y el control fronterizo, como parte de la estrategia más amplia de endurecimiento migratorio impulsada durante el segundo mandato de Donald Trump, también ha introducido cambios en los procesos de inmigración legal.Entre ellos figuran verificaciones más estrictas para quienes solicitan la residencia permanente o la ciudadanía, incluidas revisiones de actividad en redes sociales, una evaluación más rigurosa del requisito de “buen carácter moral” y la reactivación de las llamadas “rondas de barrio” (neighborhood checks), mediante las cuales funcionarios pueden entrevistar a vecinos o compañeros de trabajo de algunos solicitantes. Las autoridades sostienen que estos controles adicionales incrementan los costos administrativos y justifican el ajuste de tarifas.La propuesta también representa un cambio respecto a la política seguida durante décadas por gobiernos de ambos partidos. Tradicionalmente, las administraciones federales mantuvieron las tarifas de naturalización relativamente bajas con el argumento de que la ciudadanía favorece la integración de los inmigrantes y fortalece su participación cívica.Ahora, el DHS considera que ese enfoque ya no debe mantenerse. En el texto de la regulación propuesta, señala que la agencia “ya no considera que las solicitudes de beneficios de naturalización deban tener tarifas más bajas a costa de otros beneficios migratorios”.Además del incremento de tarifas, la Administración Trump plantea eliminar las reducciones de costos disponibles para algunos hogares de bajos ingresos. Actualmente, ciertos solicitantes pueden acceder a tarifas reducidas si sus ingresos familiares se encuentran dentro de determinados parámetros federales. La propuesta también eliminaría la mayoría de las exenciones de pago, aunque conservaría las destinadas a miembros actuales y antiguos de las Fuerzas Armadas estadounidenses.La naturalización es el paso final para muchos inmigrantes con residencia permanente legal. En términos generales, quienes poseen una green card pueden solicitar la ciudadanía después de tres o cinco años, dependiendo de su situación. El proceso incluye verificaciones de antecedentes, una entrevista con funcionarios migratorios y exámenes de inglés y educación cívica.El Gobierno del republicano defiende que la ciudadanía es uno de los beneficios migratorios más importantes que concede el gobierno estadounidense y sostiene que sus costos no deberían ser subsidiados por otros trámites migratorios.Críticos de la medida, sin embargo, advierten que el aumento podría convertirse en un obstáculo económico para miles de residentes permanentes elegibles para naturalizarse. Organizaciones de defensa de inmigrantes y especialistas en política migratoria han señalado que los incrementos coinciden con otros cambios implementados por la Casa Blanca para reforzar los controles sobre la inmigración legal.