El Real Madrid no se rinde y llevará al Tribunal Supremo los acuerdos que LaLiga firmó con CVC Capital Partners a finales de 2021 para lanzar el denominado Plan Liga Impulso. La Audiencia de Madrid ha confirmado el fallo que un juzgado de primera instancia dictó en febrero de 2024, en el que dio validez a este pacto, al entender que el mismo partía de una “operación estratégica para mejorar la competitividad de los clubes y de las ligas profesionales y maximizar los ingresos derivados de la comercialización de los derechos audiovisuales de sus asociados”. Tras conocerse, el club presidido por Florentino Pérez ha asegurado que interpondrá recurso de casación.En opinión del equipo blanco, la sentencia de la Audiencia de Madrid “no da una respuesta suficiente a cuestiones de extraordinaria relevancia jurídica, económica e institucional para el presente y el futuro del fútbol profesional español”. Por ello, entiende que es necesario el pronunciamiento del alto tribunal para que fije doctrina “sobre aspectos esenciales del régimen jurídico aplicable a la gestión y explotación de los derechos audiovisuales del fútbol profesional”, ha indicado en un comunicado.El Real Madrid y el Athletic, junto al Fútbol Club Barcelona ―que después se retiró del proceso judicial, al igual que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)―, que votaron en contra de los acuerdos, acudieron a los tribunales poco después de que la asamblea de LaLiga les diera luz verde, al considerar que la transacción era “ilegal” y que causa un “perjuicio irreparable a todo el sector del fútbol español y vulnera de forma flagrante los principios más elementales del derecho deportivo español y los propios estatutos de la Liga”.En dicho pacto, el fondo, que en España dirige Javier de Jaime, se comprometió a inyectar 1.929 millones de euros, de los que ya se han abonado 1.442. A cambio, CVC participa de un porcentaje anual, de hasta el 8,6%, de los ingresos audiovisuales que genere la competición. Al plan se adhirieron 38 de los 42 equipos profesionales que entonces formaban parte de la Primera y Segunda División.El Juzgado de Primera Instancia número 15 de Madrid desestimó las tres causas de impugnación planteadas por los equipos contrarios, al entender que no se infringieron los estatutos de La Liga en relación a la falta de información; que tampoco se vulneró en la asamblea general el real decreto-ley que regula el régimen de titularidad de los derechos audiovisuales; ni la Ley del Deporte al autorizarse una reestructuración de La Liga vulnerando sus estatutos. Asimismo, el juzgado descartó la existencia de una expropiación o apropiación indebida de la titularidad de los derechos comerciales. Ahora, este criterio ha sido avalado por la Audiencia Provincial de Madrid, que ha desestimado el recurso presentado por el Real Madrid y el Athletic Club.“El Real Madrid C. F. respeta plenamente la resolución judicial, pero discrepa de forma profunda de sus conclusiones”, ha señalado. En su opinión, “una operación llamada a proyectar sus efectos durante décadas sobre la estructura económica y de gobierno del fútbol profesional español exige un análisis particularmente riguroso de todas las cuestiones jurídicas planteadas y de sus consecuencias presentes y futuras”.Por su parte, LaLiga ha celebrado la reciente resolución de apelación. “Supone un nuevo respaldo judicial a los acuerdos con CVC, refuerza su seguridad jurídica y confirma la corrección jurídica de una operación estratégica orientada a fortalecer la competición, apoyar a los clubes y maximizar el valor de los derechos audiovisuales del fútbol profesional español", afirma el organismo presidido por Javier Tebas. Otro recurso en el SupremoEn contraste con esta victoria judicial para LaLiga, el Real Madrid ha revelado también que el Tribunal Supremo ha confirmado definitivamente la nulidad del veto de Tebas a que el conjunto blanco participara en varias reuniones del Órgano de Control de la gestión de los derechos audiovisuales de LaLiga celebradas durante el año 2022. La Sala de lo Civil del alto tribunal desestimó el pasado 10 de abril el recurso planteado por LaLiga contra las resoluciones judiciales que declararon que se había vulnerado los derechos de participación del equipo de fútbol, al adoptar las decisiones de restricción sin el procedimiento legalmente exigible. Ante dicho fallo, el organismo deportivo utilizó su último recurso para intentar tumbar dichos fallos judiciales y presentó un incidente de nulidad, que ahora ha sido desestimado por el Supremo.