La defensa del alcalde del PP de Móstoles (Madrid), Manuel Bautista, ha presentado un recurso contra la decisión de la jueza de admitir a trámite la querella que presentó una exedil de su partido contra él y contra el PP por acoso sexual y laboral, lesiones, coacciones, un delito contra la integridad moral y revelación de secretos. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el dirigente alega que las acusaciones de la mujer están basadas en “discrepancias personales” y “conflictos de funcionamiento interno”. Defiende que no hay “indicios racionales” en su contra, descarta cualquier irregularidad o comportamiento ilegal que se le atribuya y pide que se archive la investigación que mantiene abierta la titular de la plaza número 2 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles.La querella, firmada por el letrado Antonio Suárez-Valdés y presentada el 16 de febrero, pasó de los juzgados de instancia de Móstoles a uno específico de violencia sobre la mujer, que la admitió a trámite el pasado 15 de abril. El caso, según el relato de la exconcejala, comenzó con proposiciones sexuales explícitas y no deseadas por parte de Bautista y continuó con la difusión de rumores falsos sobre una supuesta relación afectivo-sexual entre ambos. Ese escenario habría derivado en un clima de hostigamiento laboral que le impidió desempeñar con normalidad sus funciones como concejala. La presión le afectó tanto que acabó entregando el acta y solicitando la baja como afiliada del partido, en el que militaba desde 2010. En este contexto, denunció no solo conductas encuadrables en el delito de acoso sexual, sino también en el ámbito del acoso laboral y en el delito contra la integridad moral.El recurso del alcalde de Móstoles llega dos meses después de que la jueza Lourdes Ramírez admitiera a trámite la querella. La mujer acudió a los tribunales después de pedir amparo en 2024 al PP de Madrid ante la “discriminación muy grave” que dice haber vivido “desde mayo de 2023″. La exconcejala escribió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; se reunió con su mano derecha, Alfonso Serrano, y con la vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán; y acudió al Comité Nacional de Derechos y Garantías de la formación. Según la denuncia interna a la que tuvo acceso este periódico, el PP de Madrid la presionó para tapar la acusación de acoso contra el alcalde de Móstoles. “El amparo pasa por que te quites de la cabeza cualquier denuncia”, asegura que le dijo Millán. El letrado José Javier Vasallo, a cargo de la defensa de Bautista, considera que el relato de hechos que recoge la querella “carece de manera manifiesta, palmaria y objetivamente constatable de los elementos típicos objetivos y subjetivos exigidos por el ordenamiento penal”. Por ello, reclama “el archivo inmediato de las actuaciones”. También pide a la jueza que suspenda —hasta que se resuelva su recurso— la declaración de la exedil fijada para el lunes 29 de junio, a las 10.00, así como el reconocimiento médico-forense previsto para este viernes.El abogado del alcalde sostiene que la querella “no contiene una sola afirmación en la que se describa una petición de relaciones sexuales, favores sexuales, encuentros íntimos, actos de contenido sexual”. Además, alega que “tampoco” se describen “conductas objetivamente susceptibles de ser consideradas sexualmente significativas”. Y añade que la propia querella “atribuye el supuesto deterioro emocional” de la exedil a “una multiplicidad de circunstancias posteriores”: “conflictos políticos, discrepancias internas, aislamiento dentro del grupo municipal, pérdida de confianza, decisiones organizativas y controversias partidarias”. A su juicio, la exconcejala es quien “desvincula sus padecimientos de cualquier concreta solicitud sexual” y enfoca el “núcleo del conflicto” en el “ámbito organizativo e institucional, no sobre una supuesta dinámica de proposiciones sexuales”. El letrado que representa a la exedil aseguró en un comunicado el pasado febrero que la querella se sustentaba en “un nutrido soporte probatorio” con el que se pretende acreditar la existencia de la presunta solicitud de favores de tipo sexual por parte de Bautista y el presunto patrón “sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad jerárquica con el presunto objetivo de aislar e invisibilizar profesionalmente” a la denunciante. “Aparte de la invisibilización y el aislamiento social intencionado, hay ataques personales. Se difunden rumores. Se obstaculiza mi trabajo, se cambian las instrucciones, se oculta información necesaria y se sabotean tareas y proyectos para que no salgan y luego intentar usarlo en mi contra”, señalaba la mujer.La defensa de Bautista, además de negar las acusaciones de acoso sexual, niega también las relativas a acoso laboral. Y, sobre este asunto, afea que la exconcejala dejara “transcurrir sobradamente los plazos legales” establecidos para denunciar los hechos que sitúa en marzo de 2023. Así, recalca que el Estatuto de los Trabajadores fija que este tipo de delito tiene “un plazo de prescripción de un año”. En este punto, el letrado también reprocha a la exdil que sumara delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones o revelación de secretos. A su juicio, es “un evidente intento de otorgar relevancia penal” a unos hechos que considera que no podrían sostenerse por sí mismos “desde una perspectiva estrictamente jurídico-penal”. Para el abogado de Bautista, en la querella, “lejos de describirse una dinámica de hostigamiento laboral sistemático”, se exponen “manifestaciones aisladas producidas en el marco de desplazamientos en vehículo y actos de campaña electoral”. Además, asegura que no se describe “ningún patrón organizativo de persecución, degradación profesional o aislamiento laboral”. Bautista niega responsabilidad alguna del PPLa defensa del alcalde también rebate que exista una posible responsabilidad penal del PP como persona jurídica por los delitos de acoso sexual y laboral denunciados. “El delito de acoso laboral o mobbing no se encuentra incluido entre los delitos para los que el legislador ha previsto responsabilidad penal de las personas jurídicas”, apunta. Así, alega que “cualquier intento de trasladar” dicha acusación al partido “carece de cobertura legal”. Y defiende que la eventual extensión de responsabilidad a directivos o miembros de la formación política por omisión de actuación frente a un supuesto acoso laboral “tampoco encuentra encaje” legal. En la querella, la exconcejala explicaba que dentro del partido “en ningún momento” le brindaron “ni medidas preventivas, ni asesoramiento, ni apoyo”. “Niegan la obligatoriedad de establecer un protocolo de acoso sexual y laboral, me cuestionan y me ponen en duda mientras me invitan a que dé un paso atrás”, relataba la mujer. Y añadía que, en su caso, “todas las declaraciones de intenciones plasmadas en los estatutos y códigos de conducta del PP” resultaron ser “papel mojado”.En el marco del recurso, el abogado de Bautista también rechaza las acusaciones de lesiones al considerar que en el “relato ofrecido” por la exedil “no se desprende la existencia de lesión alguna”. “No se describe ningún tipo de agresión física, ni acto violento”, añade. Según la defensa, la querella se apoya en “expresiones genéricas de malestar emocional como ‘incomodidad’, ‘miedo’, ‘vergüenza’ o ‘sobresalto”. “No toda alteración emocional constituye una lesión”, argumenta, al tiempo que señala que en este caso “no existe diagnóstico alguno, ni tratamiento ni informe pericial”. Asimismo, el alcalde de Móstoles descarta las coacciones que denuncia la exconcejala. “En ningún momento se describe el empleo de fuerza, amenazas ni mecanismos de compulsión idóneos para anular o doblegar la voluntad de la persona afecta”, sostiene. Lo mismo hace con la acusación de revelación de secreto: rechaza haber filtrado información que afectase a la exedil. “La querella vuelve a incurrir en una formulación genérica, sin concretar qué expediente, qué dato concreto, qué documento específico habría sido indebidamente sustraído o difundido”, apunta. Según el relato de la exedil, Ana Millán le amenazó con la presunta intención de coaccionarla para que desistiese de su intención de denunciar a Bautista. En la querella señalaba que la vicesecretaria de Organización del PP le dijo que había sido denunciada por pasar información al PSOE, “siendo absolutamente falso”.Por último, la defensa sostiene que la querella no puede admitirse porque se presentó sin el poder especial necesario para ello. A su juicio, no vale con que la exedil haya interpuesto la querella el 16 de febrero y aportase el poder especial en abril. “No se debió proceder a la incoación de diligencias y, mucho menos, al acuerdo de la práctica de diligencias concretas”, apunta.