Carlos Arias, presidente Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) expone, en el extracto de esta entrevista, que se desincentiva la inversión y pide a las autoridades investigar casos de arbitrariedades municipales por cobros y decisiones hacia proyectos de diferente índole.
Según Arias, la falta de certeza jurídica, derivada de decisiones municipales que imponen requisitos o cobros sin sustento legal, genera distorsiones en las condiciones de inversión y envía un mensaje negativo a inversionistas locales y extranjeros.
Ante ello, insiste en que el Ministerio Público (MP) y otras instancias competentes deben investigar posibles irregularidades, ya que la autonomía municipal no debe permitir acciones al margen de la ley.
En las últimas semanas han surgido públicamente casos de proyectos que enfrentan problemas por decisiones municipales. ¿Qué efecto tienen en la inversión este tipo de prácticas?
Aquí hay un tema de certeza jurídica. Las inversiones en proyectos grandes como infraestructura eléctrica o infraestructura vial, por ejemplo, son proyectos que normalmente son prioridades nacionales, buscando inversión extranjera o inversionistas que se arriesguen a invertir a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero, cuando tenemos arbitrariedad en las municipalidades, en donde los requisitos que la ley marca no son respetados, el derecho a emitir licencias no es respetado, porque hay requisitos adicionales económicos que no tienen fundamento legal, lo que causan es una distorsión de las condiciones de inversión y eso lo que manda es un mensaje negativo a los inversionistas de que en Guatemala no se puede confiar en el sistema legal.
