La Argentina necesita más transparencia en la relación entre el poder público y los intereses privados. En eso no debería haber dudas. Toda sociedad democrática debe saber quién intenta influir sobre una decisión estatal, con qué objetivos, en representación de quién y con qué recursos. Regular el lobby corporativo, los conflictos de interés y las gestiones opacas ante funcionarios es una demanda legítima y necesaria.
Pero una ley de transparencia mal diseñada puede terminar produciendo el efecto contrario: desalentar la participación ciudadana, debilitar a las organizaciones de la sociedad civil y convertir en sospechosa la defensa del interés público. Una ley que obligue a registrarse a cualquiera que dialogue con el Estado, bajo amenaza de sanción, no producirá más transparencia. Producirá autocensura, burocracia defensiva y miedo. Y el derecho penal -que debe ser la última herramienta, reservada a conductas claramente lesivas- no puede convertirse en un mecanismo para disciplinar a ciudadanos, técnicos, investigadores y comunidades que participan en asuntos públicos.
El proyecto de ley de gestión de intereses que se intenta discutir en el Congreso, por iniciativa del PE, plantea una preocupación central para las organizaciones ambientales: su redacción es tan amplia que podría equiparar la defensa de la naturaleza con una actividad de lobby. En particular, preocupa que asociaciones civiles y fundaciones sin fines de lucro puedan quedar sometidas a obligaciones, registros, sanciones e incluso riesgos penales por ejercer una función que la propia Constitución Nacional reconoce y promueve: la defensa del ambiente.
