Un intenso debate político y jurídico marcó este lunes la discusión en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto conocido como “ley antiencapuchados”, iniciativa que busca modificar el Código Penal para tipificar como delito el ocultamiento de identidad en el contexto de eventos masivos y desórdenes públicos.Pese a que el proyecto fue debatido por los parlamentarios durante la jornada, la propuesta no alcanzó a ser votada debido al término de la orden del día, por lo que deberá volver a ser puesta en tabla para su resolución en una próxima sesión.La iniciativa forma parte de la agenda legislativa en materia de seguridad y contempla, entre otros aspectos, la creación de un delito específico para sancionar a quienes oculten deliberadamente su identidad durante manifestaciones o eventos masivos sin una justificación legítima.Previo a su discusión, el diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG), integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, explicó los principales alcances de la propuesta.Según detalló, la iniciativa contempla penas de presidio menor en su grado mínimo para quienes utilicen elementos destinados a impedir su identificación en espacios públicos durante este tipo de actividades. Asimismo, incorpora excepciones justificadas y establece una agravante cuando el ocultamiento del rostro tenga por finalidad facilitar la comisión de otros delitos.Argumentos en contraLas principales objeciones provinieron de parlamentarios de la oposición, quienes cuestionaron tanto la técnica legislativa como los eventuales efectos de la iniciativa sobre derechos fundamentales.Al respecto, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) señaló que la propuesta original presentaba deficiencias conceptuales que obligaron al Ejecutivo a introducir una indicación sustitutiva durante su tramitación.“La propia tramitación en comisión dejó al descubierto las profundas debilidades de esta iniciativa. El texto original era de tal vaguedad que el propio Ejecutivo tuvo que presentar una indicación sustitutiva, abandonando por completo la idea matriz de crear un delito autónomo. ¿Por qué? Porque carecía de la más mínima rigurosidad conceptual”, precisó.Asimismo, advirtió que el proyecto podría vulnerar principios básicos del derecho penal al no definir con suficiente precisión la conducta sancionada ni el bien jurídico protegido.La parlamentaria también recogió observaciones planteadas por la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismos que han advertido riesgos para el ejercicio de la libertad de reunión y manifestación pacífica.“Este proyecto camina por la cornisa de la arbitrariedad arriesgando la afectación del derecho a la libre reunión y manifestación pacífica. Sancionar el simple acto de cubrirse el rostro sin que exista violencia, daño efectivo o lesividad acreditada rompe los estándares internacionales de necesidad y proporcionalidad de la pena”, dijo.Ana María Gazmuri En términos similares, el diputado Jaime Bassa (Frente Amplio) calificó la iniciativa como un ejemplo de una mala técnica legislativa y sostuvo que algunas de sus disposiciones podrían favorecer una expansión excesiva de las facultades de persecución estatal.“Este es un buen ejemplo de cómo legislar con los pies. Su versión original era tan mala que sancionaba el ocultamiento del rostro en lugares públicos, incluso sin delito. Quieren identificar a los manifestantes como delincuentes, con técnicas propias de un Estado policial, transformando una conducta ilícita en objeto de persecución penal”, detalló.A su juicio, el proyecto confunde conceptos vinculados a la seguridad pública y el orden público, además de sancionar conductas que ya estarían contempladas en la legislación vigente.“Si sumamos este proyecto junto al Registro Único de Vándalos, la persecución estatal resulta francamente aterradora. Háganse cargo del Estado policial que están construyendo. Es una visión profundamente equivocada, peligrosa y autoritaria”, agregó.28 AGOSTO 2024