El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, preguntó a José Luis Rodríguez Zapatero el pasado miércoles por qué cobró 200.000 euros en 2024 de una extraña empresa llamada Focus Social Research SAC. El expresidente del Gobierno se limitó a responder que recibió ese pago por un "asesoramiento" pero, ante la insistencia del magistrado para que aportara algún detalle sobre ese trabajo, el dirigente socialista decidió guardar silencio. La verdadera explicación de ese pago de 200.000 euros emerge de la trastienda de la mercantil. Focus Social Research SAC es una sociedad que fue constituida en abril de 2019 en un edificio de oficinas del barrio de San Isidro de Lima, Perú. La compañía fue montada por un profesor de Periodismo de la Universidad Tecnológica de Perú llamado Mariano Uldarico Martín Carranza Gonzales, que simultanea desde hace años esa labor con una intensa actividad como lobista local. Antes de poner en marcha Focus Social Research SAC, Carranza ya controlaba otras firmas similares, como MACG Asesores, con domicilio en el mismo bloque de oficinas. Carranza se presenta como un "experto en inversión extranjera" que posee "20 años de experiencia en asesoría corporativa personalizada", sin referirse a ningún sector económico concreto. (El Confidencial) Su trayectoria vital ayuda a completar el perfil. Carranza acumula una relación especialmente intensa con el negocio de la minería, columna vertebral de la economía peruana (supone el 10% del PIB y el 60% de sus exportaciones). En el pasado trabajó para la multinacional británica Río Tinto, uno de los grupos mineros más importantes del mundo. Asimismo, fue socio hasta 2017 del bufete Vargas Pareja, enfocado al asesoramiento y la defensa de compañías mineras extranjeras con intereses en Perú. Al salir del despacho Vargas Pareja, Carranza creó varias consultoras centradas igualmente en el sector de la minería. Focus Social Research SAC es una de las sociedades más recientes de este lobista peruano. Según la UDEF, un análisis de inteligencia financiera detectó la transferencia de 200.000 euros desde ese mercantil domiciliada en la costa del Pacífico hasta una cuenta en el banco Santander que Zapatero comparte con su mujer, Sonsoles Espinosa. La conexión refuerza los indicios contra el exsecretario general del PSOE. En el primer auto de imputación de Zapatero, el juez Calama le atribuyó los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental por liderar presuntamente una red que usó sus contactos con autoridades de todo el mundo para beneficiarse de "operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke, oro, compraventa de acciones o divisas". El retrato del fundador de Focus Social Research SAC apuntala los indicios contra el expresidente del Gobierno y explica por qué prefirió no responder a las preguntas del magistrado. Sin embargo, hay otro dato que complica aún más el horizonte de Zapatero. Los 200.000 euros llegaron a su cuenta tras emitir tres facturas a lo largo de 2024 que sumaban esa cifra redonda. Se da la circunstancia de que, en octubre de ese mismo año, Carranza logró una concesión minera en el municipio peruano de Muñani, provincia de Azángaro, departamento de Puno. La concesión abarca 500 hectáreas a unos 4.800 metros de altitud y se ubica en la región de Perú que está atrayendo más inversión extranjera. Puno es la única zona del país que produce estaño. El 50% de este material se destina a la soldadura de chips y otros componentes electrónicos. Sin embargo, la zona de Azángaro, el punto en el que Carranza obtuvo la concesión minera coincidiendo con los pagos a Zapatero, destaca especialmente por la extracción de oro. Únicamente algunos puntos de Perú esconden este material en su subsuelo y el área de Muñani es uno de ellos. El catálogo de esta demarcación se completa con otros valiosos minerales, como cobre, plata, plomo, zinc y antimonio. El catastro de concesiones del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú desvela que, unos meses después de que el pagador de Zapatero tramitara el permiso para explotar las 500 hectáreas, una empresa llamada Cuprum Capital Investment SAC se quedó con los derechos de esos terrenos. Esta compañía también pasó a controlar en las mismas fechas una parcela contigua de otras 700 hectáreas. Sus especialidades son el oro y la plata. ¿Por qué una empresa peruana pagaría 200.000 euros a un expresidente del Gobierno español? Esa es la pregunta que se hizo en voz alta, la semana pasada, el instructor del caso Plus Ultra, aunque probablemente ya conocía la respuesta. Los derechos mineros son un lucrativo negocio. Sobre el papel, se trata de un trámite administrativo, pero en España ocurre lo mismo con las recalificaciones y licencias urbanísticas y, sin embargo, son el principal motor de la corrupción nacional. Si por algo se caracterizaba Zapatero, según las diligencias lideradas por la UDEF, era por su facilidad para hacer negocios con los gobiernos de Latinoamérica que militaban en la alianza del Grupo de Puebla. Precisamente, se le acusa de cobrar comisiones ilegales de empresarios que querían acceder a adjudicaciones y ayudas de administraciones públicas. En 2024, cuando Zapatero ingresó los 200.000 euros, la presidenta de Perú era Dina Boluarte, que previamente había sido ministra del Gobierno de extrema izquierda de Pedro Castillo. Cuando este último dio un autogolpe y fue detenido en 2022, el Grupo de Puebla aplaudió que la elegida para sustituirlo fuera Boluarte. En los años siguientes, la mandataria se alejó del eje bolivariano, pero mantuvo excelentes relaciones con líderes moderados como Lula da Silva. Zapatero estaba en condiciones de hacer las llamadas necesarias a las personas correctas. Hay otro factor relevante. La minería también se ha convertido en un instrumento geopolítico. China necesita minerales para sostener el crecimiento de su industria tecnológica y está comprando yacimientos por todo el hemisferio sur . En Perú ya ha invertido 30.000 millones de dólares y se ha convertido en el primer productor local de cobre. La investigación de la Audiencia Nacional sobre Zapatero desvela que este se convirtió en una especie de agente comercial que ponía en contacto a compradores de materias primas con quienes estaban en condiciones de venderlas. En su cuenta de correo oficial apareció un mensaje de una empresa precisamente china que se declaraba interesada en adquirir cualquier tipo de activo. Venezuela es otro de los países que más aparece en su histórico de gestiones. Pero la pista de Perú amplía su rango de alcance.